Presupuesto 2018: Un debate entre corruptos
La ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), advierten que el bajo gasto público de Guatemala – que en 2014 fue clasificado por el BM como el peor del mundo – genera pobreza, violencia y desnutrición.
Se gasta tan poco porque los más ricos del país pagan pocos impuestos; el sistema tributario de Guatemala permite que los más ricos paguen menos que en otros países de la región. Es en parte por esto que el crecimiento económico reciente ha provocado más desigualdad y ha perjudicado a las familias pobres, afectando en especial a las comunidades indígenas.
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La corrupción generalizada y la incompetencia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también son causantes de la falta de inversión pública en educación, salud e infraestructura en Guatemala.
Un presidente que quisiera invertir en las necesidades del país, propondría un presupuesto que aumentara el gasto público y exigiera transparencia y fiscalización de gastos.
Un Congreso de diputados honestos y al servicio del pueblo, propondría cambios para que las personas más ricas y las empresas más grandes contribuyeran al presupuesto de una manera más justa.
Pero esto no es lo que está pasando en Guatemala. El debate sobre el Presupuesto de 2018 es un debate entre corruptos: un Ejecutivo que no exige transparencia, ni fiscalización, y unos diputados que proponen recortar programas de salud y educación en vez de crear un sistema tributario justo.
¿Por qué actúan así? Porque el CACIF – Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – y los más ricos gozan de mucho poder y son como los más ricos de Estados Unidos: hacen todo lo que pueden para evitar pagar más impuestos y conservar su riqueza y el poder que proviene de ella.
Para explicar esto primero debemos hablar de los hechos:
El Presidente Jimmy Morales pretende aumentar el gasto público sin implementar las medidas necesarias de control contra la corrupción y la incompetencia.
Mientras tanto, el Congreso, en vez de luchar contra la corrupción, solo actúa para reducir el déficit fiscal recortando la inversión en programas de educación y salud.
Este Congreso es el mismo que en septiembre aprobó el ‘Pacto de los Corruptos’, un decreto que conmutaba la pena de 400 delitos de corrupción y otro que eximía de responsabilidades a los secretarios generales de los partidos políticos ‘en caso de’ financiamiento electoral ilícito. Después de varias manifestaciones masivas, el Congreso suspendió los decretos, probando a la vez su incompetencia y su corrupción.
El déficit fiscal es la diferencia entre lo que gasta el gobierno y los ingresos públicos que percibe, ingresos que generalmente provienen de los impuestos. Ésta diferencia, se paga con préstamos. Si en algo tiene razón el Congreso, es que el gobierno guatemalteco no debe prestar dinero si éste va a ser malgastado o malversado.
Cuando el Congreso se queja del déficit fiscal y el Ejecutivo se queja de que el Congreso no aprueba su presupuesto, se están quejando de sus propios fracasos. No existen frenos para la corrupción y la incompetencia porque no han sido creados. Además el déficit fiscal existe, porque ellos mantienen uno de los sistemas tributarios más regresivos del mundo.
El Congreso también se queja de que la SAT no recauda de manera adecuada. De nuevo, la respuesta apropiada ante la incompetencia de la SAT no es recortar el presupuesto de todo el país, sino fortalecer la SAT e invertir en la fiscalización de la misma.
¿Por qué se queja el Congreso de la corrupción sin actuar en su contra? ¿Por qué se queja de la SAT sin fortalecerla? ¿Por qué no se habla de crear un sistema tributario justo para que el país pueda gastar más sin endeudarse,
…sobre todo cuando la tasa de desnutrición crónica entre niñas y niños menores de seis años en Guatemala es de casi el 50%, entre las cinco más altas del mundo,
…o cuando el Banco Mundial dice que “la inversión pública es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo de Guatemala” pero que “el gobierno recauda el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía”?
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Porque todo esto ayuda a que el CACIF y los más ricos mantengan su riqueza y su poder.
El sistema de corrupción en el país permite argumentar que aumentar el gasto público en el país (y subir los impuestos para pagarlo) no tiene sentido. Incluso cuando Guatemala logre la transición de un Estado corrupto e ineficiente a uno moderadamente corrupto e ineficiente, la pantomima de apoyo a las masas indignadas continuará vigente. Por medio de los “centros de estudios” de quienes tienen el poder y de sus monopolios en los medios de comunicación, se continuará proclamando que su inconformidad con el aumento del gasto público y con más impuestos es parte de la lucha contra la corrupción.
Es evidente que no se puede eliminar por completo la corrupción y la incompetencia, pero con las medidas apropiadas de transparencia y con una fiscalización internacional eficaz, el aumento del gasto público sí mejoraría la situación del país. Así lo dice incluso el FMI, que casi siempre pide que los países recorten sus gastos.
Si algún día se aprueban reformas significativas de transparencia y fiscalización, el CACIF junto a los más ricos, defenderán que la corrupción y la ineficiencia hacen que un bajo gasto social sea lógico, y seguirán haciendo todo lo posible para evitar que el Congreso y el organismo Ejecutivo fortalezcan a la SAT.
Si el pueblo no los cree, utilizarán otros argumentos como que el presupuesto de Guatemala nunca fue insuficiente, que solo generó tanta miseria y tan poca inversión porque se han robado y malgastado los fondos. Dirán que con más eficiencia y menos corrupción un presupuesto minúsculo está bien. Pondrán en el Congreso a gente de derecha que “no cree” en subir la carga tributaria para aumentar el gasto social.
De esta manera se hablará como se habla hoy en día en el Congreso: sobre el déficit, sin mencionar otra opción: un sistema tributario justo.
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La ONU, el Banco Mundial e incluso el FMI advierten que el déficit más preocupante de Guatemala no es fiscal, sino el déficit en infraestructura, gasto público y desarrollo de “capital humano”: gente sana y preparada.
Curiosamente, cuando el Presidente de la Comisión de Finanzas, el congresista Adim Maldonado, de 27 años, del partido FCN, declaró que se iba a recortar el presupuesto, también avisó que “se eliminaría la norma en que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pueda participar en los procesos de adjudicación de obras.”
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió el 22 de noviembre que los cambios sugeridos por la Comisión de Finanzas del joven Maldonado no proporcionan “la información detallada para establecer con precisión a qué contratos de obra pública el Ejecutivo beneficiará en 2018, ni los criterios para elegirlos, una falencia de transparencia en el plan de inversión pública en infraestructura.”
También denunció otro “peligro grave”: “una ampliación presupuestaria destinada al pago en 2018 de las obras de arrastre de 2017 de los Consejos Departamentales de Desarrollo… sin especificar monto o techo para esta ampliación… lo cual además de ser posiblemente inconstitucional, es una clara facilidad para la corrupción y otros abusos.” Mientras tanto, la Comisión propone recortar el presupuesto de los programas educativos de preprimaria, diversificado y alfabetización, y los programas de salud.
Así que tenemos un debate entre corruptos: el Ejecutivo que no exige transparencia, ni fiscalización, y un Congreso que prefiere recortar programas de salud y educación antes que crear un sistema tributario justo. ¿Quién se beneficia más de esto? Los de siempre, los más ricos y poderosos del país.
