Noticias de Derechos Humanos, Enero-Febrero, 2015
Hijos de Reclusas
El Estado ha fallado a las hijas y a los hijos de las mujeres que se encuentran privadas de libertad, pues carecen de oportunidades para integrarse al sistema educativo, tampoco cuentan con acceso a la salud, a una vida digna y en algunas ocasiones ni siquiera han sido inscritos en el Registro Nacional de Personas (RENAP), reveló un informe presentado el miércoles 12 por el Colectivo Casa Artesana.
El objeto de estudio fueron 915 mujeres, que son madres de 2 mil 136 niños y niñas; la muestra abarca al 52 por ciento, que corresponde a mil 107 hijos e hijas; aproximadamente el 8 por ciento vive en los centros de detención, un 89 por ciento con familiares y un 1 por ciento con amistades.
Christian Skoog, Representante en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dijo a Cerigua que los derechos de las hijas y los hijos de mujeres privadas de libertad son violentados constantemente; muchos crecen en un ámbito desconocido, no van a la escuela y su salud es precaria.
Skoog enfatizó que el Estado debe invertir más en la niñez; una muestra de voluntad política podría reflejarse en la inversión de más recursos para atender a las poblaciones más excluidas, tal es el caso del segmento estudiado por el Colectivo Casa Artesana.
El funcionario internacional también hizo un llamado al Estado para que reforme su sistema penitenciario y para que las respectivas instituciones trabajen de manera coordinada, lo que podría alentar algún tipo de respuesta para la niñez cuyos padres y madres se encuentran privados de libertad.
Violencia
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) manifestó su indignación por el clima de violencia que afecta a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, el que considera expresión de problemáticas históricas no resueltas, que degeneran en violencia directa hacia niños, niñas y adolescentes, que en muchos casos les llega a causar muertes violentas.
Un comunicado de prensa de la entidad recuerda que la ODHAG ha monitoreado y dado seguimiento a la situación de la niñez y adolescencia en Guatemala y promueve la participación de los niños, niñas y adolescentes para el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.
La ODHAG se pronunció contra la violencia en el país, y destacó que de acuerdo al monitoreo que realiza, en el 2013 murieron 5 mil 252 personas víctimas de homicidios, un 2 por ciento más que en 2012, incrementando la tasa de 34 a 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de América Latina. Nos preocupa que de esa cantidad de homicidios, 387 hayan sido cometidos contra niños y niñas, y que de éstos, 3 mil 652 fueron realizados con arma de fuego, indica la información.
Todos estos problemas no resueltos interactúan en un árbol de violencias cuya máxima expresión es la muerte violenta; una sociedad en la que reina la desigualdad y la exclusión es una sociedad violenta, porque no tiene paz social ni justicia económica y dentro de todo ese marco de injusticias, los niños, niñas y adolescentes son los más afectados, indicó.
Mujeres
Una evaluación sobre la inclusión de las mujeres en el país marca una tendencia “no positiva”, según el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) en el país.
Una muestra de esta situación, según el experto, es que se ha incrementado la violencia basada en género y violencia sexual.
“Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 80 por ciento de los embarazos en adolescentes ocurrió por una violación en la familia y el 30 por ciento de ellos fue por una agresión del padre”. Aunque se reconoce la lucha por disminuir los embarazos en adolescentes, el hecho de que una violación ocurra en la familia “es completamente inaceptable, contra la Ley y contra todo sentido común”.
La violencia continúa contra las mujeres, porque existe una “complacencia o aceptación de la sociedad”.
Juicio por Genocidio
El presidente de la Sala de Mayor Riesgo, Rafael Rojas, dijo que no aceptaba la recusación planteada en su contra por Jaime Hernández, abogado defensor del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y deberes contra la humanidad. Efraín Ríos Montt solicitó ser amparado por la Ley de Amnistía, sin embargo, diferentes salas se han excusado de resolver ese proceso. El 22 de octubre del año pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que una Sala debería ampliar los fundamentos sobre por qué no es aplicable una amnistía a Ríos Montt, según el Decreto Ley 8-86, por las acusaciones que pesan en su contra.
