Urgencia de educación integral en derechos sexuales y reproductivos

María Fernanda Sandoval

Abogada penalista especializada en protección de la niñez

Los derechos sexuales y reproductivos son Derechos Humanos, con características inherentes, irrenunciables e intransferibles para todo ser humano.  Estos se reconocen, a través de estándares establecidos por las Naciones Unidas, especialmente a través del Marco de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF.

Entre los derechos sexuales y reproductivos están: el derecho a decidir de forma libre autónoma e informada sobre la sexualidad y reproducción; derecho a vivir  libre de discriminación y violencia relacionada con la sexualidad e identidad sexual; derecho de acceso a la salud sexual y reproductiva; derecho de buscar, recibir y compartir información veraz, actualizada, completa, científica y laica sobre la sexualidad; derecho a la educación integral en sexualidad; derecho a la integridad  e indemnidad física, psicológica y sexual;  derecho al respeto por la privacidad e intimidad; derecho a manifestar afecto públicamente; derecho a elegir a la pareja; derecho a decidir ser sexualmente activo o no, así como a decidir sobre el propio cuerpo y sobre la vida reproductiva; además del derecho a relacionarse afectiva y eróticamente, a través del mantenimiento y disfrute de las relaciones sexuales consentidas.  

Si bien, reconocer, promover y respetar estos derechos humanos significan defender al ser en sí, -dado que la sexualidad es parte esencial de la personalidad del ser humano- en nuestro contexto guatemalteco, estos estándares marcados por la agenda internacional, no llegan ni siquiera a rozarse; e incluso, ante algunos sectores faltos de información o empatía, parecen derechos “negables”, “renunciables” o “libertinos”. 

La meta de protección y respeto está muy lejos de la realidad nacional. Según muestran algunas estadísticas nacionales, históricamente, las personas más afectadas son niñas y mujeres jóvenes. Por ejemplo, en los últimos años en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Escuintla y Jalapa, una de cada cuatro adolescentes ya son madres o han estado embarazadas., hasta junio de dos mil veintiuno sesenta mil niñas entre diez y diecinueve años estaban embarazadas. Asimismo, se registra el mayor número de casos VIH en mujeres entre los quince y los veinticuatro años.

La comunidad LGBTQA+, también enfrenta terribles vulneraciones a sus derechos. En Guatemala, en tan solo una semana se asesinaron a dos mujeres transgénero y un hombre gay, debido a su orientación sexual e identidad de género. Una de ellas, representante legal y líder en la defensa de los derechos de las personas LGBTQA+  quien en los últimos meses, ya había solicitado ayuda por las amenazas transfobicas que recibía. 

Por eso, ante tantos derechos vulnerados, se hace necesario fijar un punto de partida. El principio de la defensa y respeto de los derechos sexuales y reproductivos es la educación integral en sexualidad. Impartirla de forma acorde, integral, veraz, actualizada, completa, científica y laica en las escuelas, colegios e institutos. Apostando por una sociedad educada, con niñas y niños que crezcan conscientes de  sus derechos de autodeterminación y consentimiento, para ser una sociedad más libre, justa e igualitaria. La orientación en temas de educación sexual y reproductiva, es una alternativa para mejorar la calidad de vida de las y los guatemaltecos. 

Según una investigación, conducida en 2015 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Guatemala (FLACSO-Guatemala) y el Guttmacher Institute con sede en EE.UU, solamente el 7% de las y los estudiantes de 14 a 17 años de edad que fueron encuestados, dijeron que había recibido enseñanza sobre alguno de los temas que la educación sexual integral aborda. Para mejorar esta condición, sólo se necesita ejecutar los proyectos, programas ya establecidos, pues ya existen entidades encargadas de promover políticas públicas de educación y prevención para evitar que se vulneren los derechos sexuales y reproductivos. Algunas de estas entidades son la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Y Trata de Personas, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. 

En el mismo sentido, se fundamenta plenamente este derecho en  la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el programa nacional de salud reproductiva, la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, la Ley general para el combate del virus de inmunodeficiencia humana–VIH y del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida-SIDA- y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el VIH-SIDA, además de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia.

Diseñar e implementar un programa nacional de educación sexual integral, permanentemente,supervisado por el Ministerio de Educación y de alta cobertura territorial es una necesidad latente.. Sin embargo, la responsabilidad no queda únicamente en las autoridades, sino también en los padres de familia y la sociedad organizada, quienes tienen el derecho y la obligación moral de exigirle al Estado.  Son alarmantes los casos de padres y madres de familia, que por no saber o no querer tratar los temas de sexualidad no informan a sus niñas y niños sobre ello., Nunca nombran ni enseñan adecuadamente a nombrar las partes íntimas de su cuerpo, ni tampoco explican que son las enfermedades de transmisión sexual, qué es el consentimiento, o que nadie puede tocarlos y vulnerarlos. En muchos casos de violencia sexual cometidos contra niños y adolescentes, las víctimas ni siquiera  saben cómo expresar, la agresión, se sienten culpables y, muchas veces estas situaciones los persiguen aún mayores de edad, pues por desconocer sus derechos, nunca logran denunciarlo ni manifestarlo. 

Los casos de familiares y amigos cercanos (progenitores, tíos, abuelos, maestros, jefes) que abusan de la sexualidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, son crueles pero ciertos. La falta de educación sexual y reproductiva perpetúa a la niñez y a la mujer (principalmente) como víctimas, vulnerando su identidad y libertad sexual y reproductiva. La escasa información que se brinda en escuelas públicas y colegios privados con frases como “no al aborto”, “protégete del SIDA”, (dos de los tópicos a los que se pretende limitar una extensa cantidad de derechos) no es suficiente. 

La sexualidad y la reproducción son derechos básicos del ser humano y es obligación de los Estados y de sus ciudadanos, hacer cumplir estos derechos, como también ser conscientes de la dignidad y el respeto a la integridad del otro, lo cual solo podrá hacerse a través del conocimiento y la educación. Un currículum de alto alcance en educación sexual integral no debería ser materia de discusión, ni mucho menos ser usado como cortina de humo para restar importancia a los temas que aquejan al país.  Proteger a los ciudadanos y las ciudadanas en sus derechos humanos, no debe ser tema de discusión, la única prioridad ahora mismo es hacerlo de forma urgente.