Ser persona discapacitada y de la tercera edad: sin ayuda del gobierno y sufriendo las consecuencias del COVID-19
Por Diana Pastor
Hoy 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad según la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en los ámbitos sociales, y la búsqueda de igualdad de oportunidades. El 13 de marzo de 2020 la pandemia del COVID-19 fue declarada en Guatemala, afectando a diferentes estratos de la sociedad, sin embargo, el panorama para las personas con discapacidad y personas de la tercera edad se ha vuelto aún más complicado debido a la pérdida de empleo y un riesgo de contagio mayor a consecuencia de la crisis sanitaria y social causada por el Covid-19. Así mismo, la situación se ha agravado por la falta de accesibilidad a personas discapacitadas en los establecimientos de salud.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las personas con discapacidad tienen tasas de desempleo más altas y una mayor probabilidad de no ser económicamente activas que las personas sin discapacidad. Si están trabajando, tienen mayor probabilidad de tener empleos mal remunerados, informales e inestables, con limitadas perspectivas profesionales. Alrededor del 15% de la población mundial padece algún tipo de discapacidad y el aumento de enfermedades crónicas según la OMS en el 2017 afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables; además tienen prevalencia en los países de ingresos bajos.
Un ejemplo de esta difícil situación es Jorge Cayax, de 70 años quien vive solo y no cuenta con un trabajo para pagar sus gastos, debido a su avanzada edad; su situación se complica porque no puede caminar. Él explica: “Mi situación empeoró debido a la pandemia del Covid-19, he subsistido gracias algunas donaciones de alimentos que me han proporcionado vecinos y algunas organizaciones no gubernamentales”. Otro caso es el del artista Rafael Rizo de 66 años quien se quedó sin trabajo. Anteriormente, trabajaba elaborando adornos para eventos. Desde hace dos años utiliza una sonda; él debe realizarse una operación de la próstata pronto. Él menciona: “Por las restricciones que fueron adoptadas por el gobierno como la suspensión de eventos y de clases, mi trabajo fue afectado, pues yo hago adornos para graduaciones, bautizos y bodas, con ello se agotaron las oportunidades de empleo y las fuentes de ingresos”. Así como él, muchas personas mayores y discapacitadas más fueron afectadas por la crisis nacional ante la falta de oportunidades laborales.
Durante la crisis provocada por el coronavirus, el gobierno de Guatemala prometió que emplearía Q.16,000 millones para ayudar a la población más afectada y manifestó que los más vulnerables serían beneficiados con la implementación de 10 programas sociales, entre ellos el bono familia; que aportaría 1 mil quetzales durante tres meses a dos millones de familias; no obstante, muchas personas ancianas y discapacitadas fueron excluidas. La caja “Juntos Saldremos Adelante” prometió beneficiar con víveres a las familias vulnerables. También se prometió un bono a la economía informal, pero no se tomó en cuenta a personas que trabajan en este sector sin estar registrados, o que no contaran con un local o puesto específico (muchos adultos mayores y discapacitados son vendedores ambulantes). El programa de dotación alimentaria; sería destinado a familias vulnerables incluyendo adultos mayores, por ejemplo; a los que se encuentran en asilos. Sin embargo, ha pasado medio año y la ejecución de estos programas fue deficiente, la ayuda no llegó a las poblaciones más necesitadas.
Lo cierto es que nunca fue claro a qué personas les llegaría la ayuda, no existían listados y muchas personas adultas mayores y discapacitadas no calificaron ni recibieron ayuda de los programas. Un único programa destinado al adulto mayor, y a personas discapacitadas (dirigido por el Ministerio de Trabajo), contemplaba Q.50 millones de quetzales, la ayuda consistía en un aporte de Q.400 mensuales para adultos mayores, hasta la fecha solo han ejecutado el 9.43%. La afirmativa de mencionar que muchas personas adultas mayores y discapacitadas no fueron beneficiadas con estos programas, viene de los testimonios de personas a las cuales EntreMundos apoyó con víveres, y de otros testimonios de personas que recibieron apoyo de otras organizaciones comunitarias, vecinos, etc, que a la fecha no han recibido un centavo en ayudas gubernamentales.
Es de suma urgencia que el Gobierno de Guatemala y sus instancias correspondientes atiendan los efectos que está causando la pandemia del COVID-19 en las personas con discapacidad y de la tercera edad. La inclusión de esta población es sumamente necesaria y es imperante que se ofrezcan soluciones reales antes su cuidado y protección, no sólo en términos económicos, sino también en el tema de salud. El presupuesto general del 2021, debió priorizar la atención a las personas en esta condición, para garantizar el cumplimiento de sus derechos y ofrecerles una vida digna. Consideramos que la ayuda que han brindado las personas de buena voluntad y organizaciones no gubernamentales han sido un paliativo a los efectos económicos y alimentarios que sufre la población más vulnerable; pero denunciamos firmemente la falta de interés del gobierno quien es el encargado de velar por la vida y salud de los ciudadanos, sobre todo de aquellos más desprotegidos.
