El oro que vale su peso en agua: La mina Marlin

Por Iker Ugalde García y Richard Brown

El debate sobre si la Mina Marlin está contaminando las fuentes de agua de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixhaucán, San Marcos, se giró otra vez en Febrero. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que no suele trabajar en estudios de calidad de agua, presentó los resultados de su nueva investigación científica que concluye que no hay metales pesados en las fuentes hídricas de las 18 comunidades aledañas a la mina. Se realizó la investigación para encontrar las causas de las enfermedades neurológicas, gastrointestinales y de piel que padecen altos porcentajes de los vecinos de la mina. El MSPAS dice que estas enfermedades tienen que ver con la presencia de heces fecales en las fuentes de agua, dado que 70% de las muestras del agua que consumen los vecinos tenían elementos coliformes y 30% tenían bacterias de E. coli. El MSPAS culpa también a las condiciones de hacinamiento (más de cinco personas en un solo cuarto) en las que viven las personas afectadas y a la presencia de animales dentro de sus viviendas.

La conclusión sobre la presencia de los metales pesados contradice el estudio científico de 2013 de INACIF (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) y otro de 2014 de COPAE (Comisión Pastoral Paz y Ecología) de San Marcos. El primero encontró concentraciones de arsénico 900% más altas que las máximas permitidas por la ley guatemalteca, y concentraciones de plomo y nitrógeno que también superaron los niveles permitidos. El segundo encontró  concentraciones que superaron las normas nacionales e internacionales de aluminio, hierro, cobre, manganeso, sulfato, nitrato, níquel y cadmio.

En 2003, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aceptó el estudio de impacto ambiental y social (EIA&S) de la empresa transnacional Montana Exploradora, de capital canadiense y estadounidense, y le concedió una licencia de explotación de oro y plata en una zona de 20 kilómetros cuadrados durante 25 años. La mayoría de la población de la zona vive en aldeas o caseríos y se dedica a la agricultura de subsistencia. Un gran porcentaje es indígena.

Vista aérea de la mina marlin. Foto: www.movimientom4.org

El convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), aprobado por el Congreso en 1996 en el contexto del proceso de poner fin al conflicto armado, establece que los pueblos originarios tienen que dar su consentimiento pleno, libre e informado sobre las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales en sus territorios. Ya que el gobierno de Guatemala incumple con su obligación de consulta, el municipio de Sipacapa organizó en 2005 su propia consulta comunitaria de buena fe sobre la implantación de la mina, siendo en ese momento solo a segunda consulta comunitaria que se realizaba en el país. El municipio votó casi unánimemente en contra. El gobierno hizo oídos sordos a la voz del pueblo y declaró la consulta no vinculante.

En 2010, una consultoría independiente estadounidense, E-tech International, analizó el EIA&S de la mina e informes anteriores sobre el agua en el área. Su reportaje informe que estaba incompleto y mal realizado. Por ejemplo, no cuenta “con información sobre el flujo de agua subterránea” y por eso “es imposible conocer el potencial de migración de contaminantes desde las fuentes de la mina a los receptores.” Además, el reportaje citó problemas en la operación de la mina, incluyendo:

“Los desechos de la mina tienen un potencial moderado a alto de generar ácidos y lixiviar contaminantes al medio ambiente(…) El agua en el embalse de colas no cumple con los lineamientos de la IFC [Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial]. Las concentraciones máximas de cianuro, cobre, y mercurio medidas en 2006 eran tres, diez y veinte veces mayores que los lineamientos IFC, respectivamente(…) La filtración de colas podría estar migrando al drenaje corriente abajo de la represa de colas(…)

Las concentraciones de arsénico y sulfato en uno de los pozos se han ido incrementado y(…) no se conoce ni la fuente ni los potenciales receptores corriente abajo.”

También en 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atendió a la petición de las comunidades afectadas que sostenía que la mina había violado sus derechos establecidos en el convenio 169 de la OIT, que varios pozos y manantiales se habían secado, y que había metales pesados en las fuentes de agua. La CIDH solicitó al gobierno de Guatemala que asegure que no haya presencia de metales en las fuentes de agua y provea agua potable a las 18 comunidades.

Culpar a los “aspectos culturales” antes que a la falta de servicios básicos y las causas estructurales de pobreza por las enfermedades en la comunidad, es unirse al grupo que desde hace 500 años todavía usa el racismo para justificar la explotación y el subdesarrollo.

Según la propia investigación del MSPAS, el gobierno, cinco años más tarde, todavía no ha cumplido con el segundo propósito. Incluso si se cree que ya no hay metales pesados en las fuentes de agua, se puede constatar que después de 12 años de minería, las comunidades aledañas padecen de pobreza extrema. Las “condiciones de hacinamiento” y las tasas de analfabetismo entre los enfermos (89% en San Miguel Ixtahuacán y 74% en Sipacapa, según La Hora) desnudan la realidad de una falta extrema de servicios básicos al lado de una mina cuyas regalías supuestamente aportan bienestar al país. Según un informe de 2014 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Guatemala solo recibe un 12% del total de la renta minera en ingresos fiscales, porcentaje bajísimo comparado con otros países latinoamericanos, y estos ingresos representan solo 0.3% del total de los ingresos fiscales de Guatemala. O sea, por cada cien quetzales que recibe el estado de Guatemala, solo treinta céntimos provienen del sector minero.

Si se busca en Google el informe del MSPAS, se encuentran solo dos artículos de notícias, uno de El Periódico y el otro de La Hora. El Periódico llama a su artículo un “advertorial” (una publicidad que parece cobertura normal), y La Hora llama al suyo una “redacción empresarial.” Lo de El Periódico concluye así: “Es decir, todo tiene su origen en los niveles de educación, tradiciones, costumbres y aspectos ambientales de higiene y salubridad.” La Hora resume el asunto así: “(El presentador de los resultados Juan Pablo) Velásquez fue enfático en aducir que la mayoría de las enfermedades se debe a aspectos culturales y a la existencia de heces fecales en las fuentes de agua.” Los escritores son anónimos.

Culpar a los “aspectos culturales” antes que a la falta de servicios básicos y las causas estructurales de pobreza en el área por las enfermedades en la comunidad, es unirse al grupo que desde hace 500 años todavía usa el racismo para justificar la explotación y el subdesarrollo.

Un artículo en el sitio web del MSPAS, “Firman convenio de cooperación,” dice que en Abril, 2014, el MSPAS, la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán y Montana Exploradora se acordaron de que el MSPAS daría Q3,209,834 y Montana Exploradora Q2,059,247 para “fortalecer las acciones de Salud y Saneamiento, incluyendo el mejoramiento en(…) el servicio de consumo de agua segura para el uso humano.” Un aparente error nos avisa que, “Con estas acciones el MSPAS, fortalece la prevención de la Salud por medio de la promoción en este municipio…” Un año más tarde, el agua que toma la gente sigue sin ser potable.

Mirar hacia el pedestal donde se ubica la casta dirigente y preguntarle si va a velar por el pueblo o va a colocar nuestra agua, bosques, salud y futuro en una vitrina para venderlos  al mejor postor, es nuestra obligación. Podemos también bajar la mirada a la altura de nuestro ombligo y decidir qué puedo hacer yo para hacer un uso eficiente del agua, mantenerla limpia y responsabilizarme y accionar como ciudadano/a concientizado/a. Impulsar muchos pocos que generen un cambio es posible y está en nuestras manos.