Tres retos para el nuevo Gobierno

POR FREDY PASTOR

Hace algunos años participé en un interesante taller sobre Políticas Públicas y Desarrollo. La facilitadora del evento nos preguntó a los asistentes si sabíamos que significaba “el norte”. Todos asentimos, era una pregunta sencilla. Luego, nos pidió que cerráramos los ojos y con la mano derecha señalamos según nosotros, dónde se ubicaba el norte. Esta parte fue la más difícil. No todos estábamos seguros de cómo ubicarnos espacialmente o dónde quedaba el norte según nuestra posición. Cuando abrimos los ojos –aún con la mano de cada uno señalando nuestro norte- unos señalaban al frente, otros a la derecha, algunos a la izquierda, incluso algunos señalaban hacia atrás… “El desarrollo es similar a esto” dijo la facilitadora. “Aunque tengamos el mismo concepto en la forma de llegar a el, es dónde está, donde tenemos diferencias”, aseveró.

Reto 1

El 7 de diciembre se realizó en la ciudad de Guatemala la “Marcha por la Democracia” convocada por el binomio presidencial electo (Bernardo Arévalo y Karin Herrera), Autoridades Ancestrales (de Totonicapán, Quiché, Sololá, Izabal y Escuintla entre otros departamentos) y organizaciones de sociedad civil. Esto como parte del proceso de resistencia ante las cuestionables acciones del Ministerio Público (MP), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cierta facción del Organismo Judicial (OJ), en el marco de la transición de gobierno 2024-2028.

Durante esta marcha, también se hicieron presentes ex candidatos presidenciales como Edmond Mulet del partido Cabal; ex aspirantes a la presidencia, como Roberto Arzú y ex funcionarios públicos como Ascisclo Valladares. La participación de éstos últimos generó disgusto y controversia en algunos de los asistentes de la marcha, puesto que los calificaron de oportunistas y como representantes de la política tradicional guatemalteca. Las redes sociales también se dividieron: mientras algunos calificaron de tibio -o incluso traidor- a Arévalo por confluir y compartir palestra con personajes como Mulet, Arzú o Valladares, otros comentaron sobre la importancia de lograr una democracia para todos y lograr acuerdos entre los distintos sectores que configuran la sociedad guatemalteca en pos de la democracia. Ya anteriormente algunas acciones del presidente electo habían sido cuestionadas, sobre todo en cuanto a los acercamientos que ha procurado con el Gobierno de Estados Unidos y con algunas cámaras empresariales guatemaltecas. La pregunta entonces es ¿con qué sectores debería buscarse consensos y con qué sectores no? ¿Puede hacerse un gobierno para todos y a la vez un gobierno que rompa con la política tradicional?

La Constitución Política de la República establece que el Presidente representa la unidad nacional. Esto es en principio algo bastante comprensible. Pero, en la medida en que se va analizando detalladamente cómo se puede traducir a la realidad se presentan altas complejidades. En primer lugar, representar la unidad nacional no se configura como una de las funciones presidenciales, sino que se considera un hecho; no consigna el verbo en futuro representará sino en presente: representa.  Esto nos da una idea de que se da por sentado que ya existe una unidad nacional. Este es el primer desfase entre lo preceptuado en la ley y el contexto. Porque en el país no hay una sino múltiples realidades, algunas diametralmente opuestas e incluso en confrontación con otras. Cada realidad está configurada por aspectos económicos, históricos, culturales y étnicos, entre otros.

Mientras que los términos “Estado” y “Gobierno” se refieren a las instituciones políticas donde se concentra el “poder”, el hablar de Nación se refiere al plano de los ciudadanos, del pueblo. No sólo del pueblo como origen del poder político, sino el pueblo como conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes. Por ello, la construcción de una unidad nacional requiere en principio del reconocimiento de las diferentes naciones que habitan el Estado Guatemalteco, no solamente en su existencia sino fundamentalmente en el co-gobierno con cada una de estas naciones, entendiendo que existen diversas perspectivas del Derecho y desarrollo igualmente válidas que las del modelo occidental actual. No se trata de poner un pueblo, una etnia o una nación sobre o contra otra; se trata de respetar la autodeterminación de cada nación y lograr la armonización de las diversas perspectivas culturales. Este es entonces el primer reto del próximo gobierno: lograr la pertenencia y participación de las diversas naciones en un mismo Estado que garantice igualdad de Derechos y condiciones materiales.

Reto 2

Por otra parte, la unidad nacional es imposible cuando existe tanta desigualdad material, cuando las condiciones para el desarrollo son tan disímiles, pues sí un reducido grupo concentra los más altos ingresos, la mayoría de la sociedad estará en plena lucha por su supervivencia. Si bien es cierto que Guatemala ha logrado reducir sus índices de desigualdad económica pasando de un 58.3 (en 1986) a un 48.3 (2014, último dato obtenido del Banco Mundial), nuestro país sigue siendo el segundo más desigual en Centroamérica y el cuarto en América Latina. Este es entonces el segundo reto del próximo gobierno: construir la unidad nacional desde la reducción de la desigualdad, logrando una recaudación fiscal equitativa y proporcional, donde se eliminen los privilegios para los grupos que concentran la riqueza y se optimicen los recursos. La lucha contra la desigualdad no se trata –como maliciosamente lo declaran algunos- de hacer pobre al rico, sino eliminar todo tipo de favoritismo fiscal a las grandes empresas y facilitar los procesos de productividad para los pequeños empresarios, para los ciudadanos de a pie, quienes somos la mayoría. Mientras menor sea la brecha de desigualdad, mayor unidad nacional se logrará.

Reto 3

Es en cuanto al liderazgo que debe de representar a nivel estatal. El Presidente de la República, como todo servidor público de alta jerarquía, tiene dos tareas importantes que se conjugan en el quehacer de sus funciones pero se diferencian en cuanto al campo de análisis: la función administrativa y la función política. En cuanto a la administrativa debe liderar el análisis, planificación, presupuesto, ejecución y evaluación de los programas de servicios públicos (educación, salud, cultura, etc.) para los habitantes. Esto se refleja en el uso eficiente, eficaz, pertinente y responsable de los recursos públicos. Pero también es el Jefe del Estado de Guatemala. Esta es la función política; lograr que todas y todos los ciudadanos se sientan identificados y esperanzados con el rumbo que está tomando el país al proporcionar directrices claras y respaldar estas con acciones claves y contundentes. Ni el presidente del Organismo Judicial, ni el Organismo Legislativo tienen tanta influencia en el imaginario popular como lo tiene el Presidente del Organismo Ejecutivo. La vara está bastante baja. Para el segundo año de gestión, según la empresa  CID-Gallup (agosto 2021) Alejandro Giammattei apenas tenía un 21% de aprobación y el 79% de los guatemaltecos estaba ya decepcionado de él. Sí Arévalo y Herrera logran mantener un mínimo de coherencia entre su discurso y sus acciones, es probable que logren un porcentaje mayor a esto.

El 8 de diciembre, el MP en una poco fundamentada “investigación”, imputó la nulidad de elecciones de presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, dejando en duda el futuro democrático del país. Si bien es cierto que no existe certeza de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera vayan a hacer un buen gobierno, es importante recordar que el respeto a la voluntad popular –correcta o incorrecta- es principio fundamental de la democracia. Y que los retos que tiene un país no son una petición mágica a cumplir todos los días, sino una exigencia constante que debe ser recordada cotidianamente y atendida diariamente por las autoridades. Solo así se logrará un puente democrático para el desarrollo.

Fredy Pastor. Consultor en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Educación Popular. Estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales.