Terror contra periodistas y la libertad de expresión

José Cancinos

La persecución, criminalización, penalización y hasta el encarcelamiento de periodistas y empleados de medios de comunicación que ha emprendido, el régimen de Alejandro Giammattei a través de su operador Ministerio Público liderado por la fiscal Consuelo Porras, y apoyado por jueces, personajes y organizaciones a favor de la impunidad, ha llevado a la conclusión de organizaciones de la comunidad internacional, que ejercer el periodismo en el país es terrible.

Ese terror que han infundido contra los periodistas y la libertad de prensa, ha obligado a que muchos comunicadores de los departamentos fuera de la Ciudad Capital se abstengan a realizar un periodismo de fiscalización en las instituciones que conforman todo el aparato estatal.

Con tal acción el régimen Gimmattei está violando el Artículo 35 de Libre Emisión del Pensamiento de la Constitución Política, además del 46 que describe que los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala son preeminentes sobre el derecho interno.

Guatemala en su momento, ratificó el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos engloban las principales garantías que asisten a periodistas, comunicadores y comunicadores sociales y comunitarios, e incluso a personas que realizan ejercicios periodísticos al margen de empresas u organizaciones sociales y comunitarias.

Al amparo de la Constitución Política de la República y tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, el régimen Gimmattei y su operadora Consuelo Porras deben abstenerse a continuar criminalizando el derecho de opinar, el derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones, y el derecho a difundirlas sin limitación de fronteras y cualquier medio de expresión.

Todos los empleados del Estado tienen que estar conscientes que es un derecho fundamental de los individuos acceder a la información, y puntualmente fiscales y jueces deben tener presente que todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales. Por tanto las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público.

Es imperativo que fiscales, jueces y funcionarios de Gobierno deben estar conscientes que son empleados públicos y que su actuar está bajo el escrutinio de los ciudadanos bajo el amparo de la Constitución que señala que nadie es superior a la ley.

Las presiones directas o indirectas por parte de dichos personajes del Estado dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión está convencida que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.

La CIDH recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración  sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59 (l) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la UNESCO, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como  otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales.

Por tanto, como reconoce la CIDH que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información. La libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental.

José Cancinos, tres décadas en el ejercicio periodístico, autodefensor de la libre emisión del pensamiento, libertad de expresión y libertad de prensa. Expresidente de la Asociación de Prensa Quezalteca (APQ), miembro fundador de la Red de Protección para Periodistas de Guatemala, miembro del colectivo de periodistas #NoNosCallarán, y representante en Quetzaltenango de la Red Rompe el Miedo Guatemala.