¿Por qué fiscalizar al gobierno municipal?
Telma Suchi
Existen diferentes razones por las que las municipalidades son señaladas como focos de corrupción, por ejemplo, escuchamos en los medios de comunicación que sobrevaloran los proyectos de obra gris, adjudican obras por favores políticos, o se incrementan los salarios y las dietas. Ante este panorama, ¿qué puede hacer la población?, fiscalizar es una opción.
Con base en la coyuntura política de corrupción que se ha incrementado en los últimos años (porque los gobernantes abusan de su poder para servirse de los bienes del Estado de Guatemala) es importante aumentar los controles internos para disminuir el riesgo y contrarrestar las malas prácticas por acción u omisión.
El objetivo de la fiscalización gubernamental es verificar que la gestión pública se realice con eficiencia, eficacia y transparencia. Es importante saber que los gobiernos locales están representados por 340 municipalidades y para prestar los servicios a la población necesitan de fondos públicos. Para cumplir con su función, las comunas reciben transferencias de diferentes fuentes que el gobierno central realiza, ya que a través de los ingresos propios por cobro de tasas y arbitrios, resultaría difícil hacerlo.
Según el artículo 9 del Código Municipal, “El Concejo Municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones”. El concejo, en su calidad de máxima autoridad del municipio, tiene numerosas competencias que van desde aspectos administrativos hasta decisiones sobre políticas públicas, razón por la que se hace necesaria una eficiente administración, tanto del tiempo como de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, las actuaciones del concejo deben atender los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas Públicas el 14 de julio del 2022 las 340 municipalidades recibieron los montos siguientes: del Situado Constitucional Q300 millones 902 mil 89.96; de IVA PAZ Q370 millones 493 mil 301.71; del Impuesto de Circulación de Vehículos Q35 millones 604 mil 607.96; del Impuesto al Petróleo Q17 millones 999 mil 999.30. En total solo por el mes de julio son Q724 millones 999 mil 998.93. La municipalidad de la ciudad de Guatemala recibió Q25 millones 684 mil 88.05, siendo la que percibió la mayor cantidad de fondos. En Quetzaltenango, el municipio obtuvo por ese mes Q7 millones 132 mil 635.09.
Además, hay que agregar la asignación realizada a los 22 Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE). Según el medio de comunicación digital el Diario y una publicación de elPeriódico, para el 2022, el Congreso de la República asignó Q3.8 millardos a los CODEDE. Estos son coordinados por los gobernadores e integrados por los alcaldes de cada distrito.
En el marco de millones de quetzales, es necesario que los fondos públicos sean fiscalizados y el ente rector de dicha fiscalización por mandato constitucional es la Contraloría General de Cuentas, pero esto no limita la fiscalización que pueden ejercer los colectivos o grupos sociales, entre ellos las comisiones municipales de auditoría social. La fiscalización debe ser técnica y objetiva, basada en buenas prácticas, y sustentarse al marco legal vigente del país.
Para que la gestión pública se realice de manera correcta, es de vital importancia auditar los recursos financieros asignados a las municipalidades y a los CODEDES. Especialmente porque este último presenta los proyectos y obras a las autoridades como necesidades.
La fiscalización es auditar, vigilar o revisar las decisiones y acciones de las personas que tienen un cargo de gobierno. Evaluar el manejo de planes y el cumplimiento de metas. Por medio de la fiscalización se evalúan los proyectos, obras, nivel de endeudamiento, pago de planillas y de dietas, entre otros.
Hay dos tipos de fiscalización: La horizontal, de una entidad pública hacia otra entidad pública y la vertical, de gobernados hacia sus gobernantes, es decir desde la ciudadanía hacia las autoridades. La auditoría social no sustituye las funciones de fiscalización que competen a las instituciones estatales, pero ayuda a prevenir la corrupción y mejora la calidad de la gestión pública, por medio de la participación ciudadana.
Los funcionarios públicos al representar al pueblo que los eligió, son responsables de garantizar la transparencia de la gestión pública, mediante la publicidad de la información en su poder. Sin embargo, al tratarse de funcionarios que abusan del poder transferido, es muy frecuente que ignoren sus responsabilidades como sujetos obligados de rendir cuentas a la población. Por eso, la mejor herramienta disponible para la población es la vigilancia ciudadana a través del cumplimiento de la Ley de acceso a la información pública, de forma que se pueda exigir y garantizar el manejo transparente de los recursos.
Telma Suchí, lideresa maya k´iche´. Licenciada en Trabajo Social y activista desde hace 27 años. Participó en REDMISAR y OSAR, es cofundadora de la Red de Jóvenes Artistas por la Justicia Social y de la Red de Hombres. Actualmente es subcoordinadora de la Comisión Municipal de Auditoria Social de Quetzaltenango.
