La deuda de Guatemala con las mujeres de Sepur Zarco

Por María Longo

Hace más de 6 años, un tribunal de justicia emitió 16 medidas colectivas de reparación digna y transformadora para las mujeres víctimas de los crímenes cometidos por el Ejército de Guatemala en Sepur Zarco. La mayoría de las acciones deben realizarse por el Estado, pero no todas se han cumplido.

En los años 80, el ejército instaló un destacamento en la comunidad, allanó casas, desapareció a varios de sus habitantes y obligó a las mujeres a cumplir con turnos en las instalaciones militares. Ellas fueron obligadas a lavar y cocinar para los soldados, además las agredieron sexualmente.

Sepur Zarco está ubicada en la región conocida como el Valle del Polochic, en el municipio de El Estor, Izabal.  Tras la firma de los acuerdos de paz, algunas de las mujeres víctimas relataron los abusos que sufrieron y comenzaron un camino hacia la justicia.

La denuncia del caso fue presentada en 2011, pero hasta el 26 de febrero de 2016, en el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala, fueron condenados Esteelmer Reyes Girón (a 120 años de prisión) y  Heriberto Valdez (a 240). Ambos responsables de las violencias que sufrieron las mujeres de Sepur Zarco.

Después de los crímenes, como parte de la lucha de las mujeres, nació la colectiva Jalok U. Integrada por 15 mujeres mayas Q´echi que como sobrevivientes fueron querellantes en el caso.

Además de la condena a los agresores, el tribunal estableció 18 medidas de reparación, dos individuales y 16 colectivas para la satisfacción de las víctimas y la no repetición de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. El cumplimiento de 14 de estas, quedó a cargo de instituciones públicas.

En el 2009, Mujeres Transformando el Mundo (MTM) se unieron al esfuerzo para obtener justicia, apoyaron al grupo de sobrevivientes con un litigio estratégico del caso y en la actualidad colaboran con la memoria histórica por medio de una exposición itinerante que relata el caso. Además brindan seguimiento al resarcimiento que debe tener la comunidad por medio de una mesa de diálogo.

Los incumplimientos

El primer reto fue la falta de información sobre la comunidad, su ubicación exacta y los datos sobre la población que la conforma. “La mayoría ni la conocía, aledañas a Sepur Zarco hay 87 comunidades, censamos 45, no pudimos hacerlo con todas. De las censadas son 15 mil personas”, explicó Paula Barrios, coordinadora de MTM.

Una de las medidas establece que se debe construir un centro de salud tipo A en Sepur Zarco, hasta ahora no es una realidad, únicamente se tiene una clínica.

Inició como una clínica móvil con mucho auge, la población acudía con frecuencia porque el personal era comprometido y el lugar estaba abastecido con medicamentos. Se atendían de 75 a 80 personas diariamente, según registros del Ministerio de Salud.

En lugar de mejorar, el servicio empeoró y la falta de apoyo del Ministerio de Salud se hizo evidente con la falta de insumos y medicamentos. El enfermero asignado no hablaba q´uechi´, lo que dificultó la comunicación con los usuarios. La mayoría de pacientes son mujeres que llevan a sus hijos e hijas por vacunación y control del crecimiento, además buscan atención ginecológica.

El pago de la luz ha sido otro problema, el ministerio no asume el costo y debe hacerlo la población. La clínica tiene aire acondicionado para mantener a una temperatura adecuada los medicamentos, porque es un territorio caluroso. En las clínicas, como en  la comunidad persiste la falta de agua.

“Hoy, hay dos enfermeros auxiliares, pero siempre están en trabajo de campo. Tienen que ir a vacunar, a visitar a las diversas comunidades, entonces la clínica prácticamente pasa cerrada. Nosotras hemos pedido un médico, no hay forma de transportar los medicamentos desde Puerto Barrios a la clínica. El furgón, porque estaba en un furgón, se deterioró. Así como tuvo un momento de avances con expectativas, ahora se retrocede. En este momento se sumó la fundación Techo para mi país y OPS para crear una estructura rústica, prefabricada pero más amplia para tener espacios de atención. Esto fortaleció, pero no se mira el interés del Ministerio de Salud por sostener el espacio”, contó Paula.

La excusa sobre la falta de infraestructura para el centro de salud tipo A y otros inmuebles que ayudarían a cumplir con más medidas, es la misma: la falta de certeza jurídica, pues la comunidad no es dueña de la tierra.

Aunque hay una escuela, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó a la población que no puede construir un centro educativo de diversificado porque no hay una titularidad de la tierra.

Este año se inició con la carrera de magisterio de la infancia, de preprimaria, para garantizar una escolaridad media, que es parte de las medidas para mejorar las condiciones de la comunidad. “Actualmente hay 50 estudiantes de comunidades lejanas que les queda mucho más cerca que migrar desde su comunidad hasta El Estor o Puerto Barrios. Solo hay dos maestros, con un compromiso muy grande y no tienen las condiciones necesarias, trabajan por la tarde en un aula de la escuela primaria, no tienen mobiliario propio. Usan los escritorios deteriorados de primaria y carecen de un centro de cómputo. Es evidente la falta de compromiso del ministerio de educación”,  relata Paula.

Elaborar un documental sobre el caso de Sepur Zarco, es una reparación compartida entre los ministerios de Educación y Cultura, cada ministerio decidió hacer uno.  De acuerdo con los registros de MTM el Mineduc paró la publicación de ambos.

“Se acompañó la elaboración, pero no tuvimos más información, los documentales se quedaron guardados, esto no es posible porque es una forma de silenciar la lucha de las mujeres de Sepur Zarco. Son medidas de una sentencia firme, el Estado debe cumplir en su totalidad con la reparación”, dijo Paula.

Dentro de las medidas se incluyeron gestiones ante el congreso en relación a la Ley de Desaparición Forzada, pero aunque las querellantes las han hecho, la norma sigue engavetada. Los diputados tampoco han reconocido el 26 de febrero como Día de las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica.

El incumplimiento en las medidas ha trascendido hasta la negativa de la Corte Suprema de Justicia de entregar una copia de la sentencia.

Sin tierra

Para la titularidad de la tierra, el expediente está completo, pero aún no hay resultados de la voluntad del Organismo Ejecutivo (del presidente Alejando Giammattei) para ubicar los fondos, hacer la compraventa de la finca y así garantizar el derecho de la comunidad de Sepur Zarco.

“Hemos tenido un diálogo con las propietarias, tres familias de la oligarquía de este país que están con todo el interés de resolver de la mejor manera, pensando en una cantidad razonable para la venta, pero el Gobierno de Guatemala no ha agilizado esto”, explica Paula.

Fotos: Mujeres Transformando el Mundo