La derogación de la ‘ley Monsanto’
Por José Gabriel Cubur Pirir —
Comunicador social del Comité de Unidad Campesina (CUC)
Entre las represiones y criminalizaciones de 2014 en contra de las organizaciones indígenas y campesinas, se alcanzó una gran victoria: la derogación de la ‘ley para la protección de obtenciones vegetales (LPOV)’ conocida popularmente como ‘ley Monsanto,’ aprobada silenciosamente por el Congreso el 10 de junio, 2014.
Sin duda alguna las manifestaciones pacíficas que se dieron en todo el país, por más de una semana, fueron clave para que los diputados y diputadas del Congreso derogaran el decreto. La derogación de la ley gracias a las campañas en redes sociales, la fuerte presencia mediática, y sobre todo a las manifestaciones pacíficas con gran participación ciudadana que se hicieron en las vías principales del país, representa un modelo para nuestras próximas luchas.
Nuestras semillas originarias se encontraban directamente amenazadas por la privatización, ya que hubieran podido pasar a ser propiedad de empresas que comercializan semillas transgénicas, entre ellas, DuPont, Syngenta, Bayer, Dow, y Monsanto. La LPOV en su artículo 50 decía que cualquier persona que utilice o emplee las variedades vegetales registradas por alguna empresa o persona particular, sin permiso de la misma, podría ser encarcelada por hasta cuatro años o multada con hasta Q10,000.
La privatización de nuestras semillas pondría en peligro nuestra soberanía y seguridad alimentaria, y la salud y la vida de todas y todos, ya que una empresa extrajera podría patentar cualquier parte de nuestro patrimonio ancestral después de hacer algún cambio mínimo y hacernos pagar por el derecho de usarlo. Sus creaciones protegidas podrían también desplazar nuestros alimentos ancestrales. En un país en que la pobreza y desnutrición extrema son ordinarias, cualquier amenaza a nuestra soberanía sobre nuestros cultivos preciosos es grave.
En 2008 Monsanto compró al gran proveedor guatemalteco de semillas, Semillas Cristiani Burkard. ‘Esta adquisición… solidifica la posición de Monsanto como el principal proveedor de semillas de maíz en Latinoamérica,’ dijo Brett Begemann, un vicepresidente de Monsanto. Así comprando proveedores puede monopolizar la venta de semillas (en los EEUU ganó control del 80% del mercado de semillas de maíz por medio de tales adquisiciones) y limitar nuestras opciones según sus intereses.
La amenaza que representaba la LPOV para la vida de los guatemaltecos fue entendida rápidamente por las grandes mayorías. Fue así como se obtuvo una respuesta en contra de esa ley por parte de los pueblos indígenas, campesinos, sindicalistas, maestros, y el resto de la población organizada.
Marcha indigena en la Ciudad de Guatemala, sin fecha. Colección del EGP, 1968-1996. Fuente: CIRMA.
Por su parte el CUC, en alianza con organizaciones hermanas, lanzó una campaña en Internet con rostros de diputados y diputadas que votaron en favor de la ley. En dicha campaña se les señalaba de traidores a la patria a los congresistas que aprobaron la LPOV, y así no contaron más con el anonimato común en el Congreso.
Líderes y autoridades locales Kaqchiqueles de Sololá, con apoyo de las organizaciones populares que trabajan allí, organizaron las manifestaciones masivas y pacíficas que exigieron la derogación de la ley. Fueron decenas de miles que tomaron la Carretera Interamericana, con el apoyo de alcaldes indígenas, cocodes y organizaciones populares, entre ellas el CUC, de Sololá.
Mientras tanto, plantones rodearon el Congreso por una semana. A la capital llegaron comisiones provenientes de Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán y Sololá, incluyendo miembros de varias organizaciones como el CUC, para acuerpar las acciones sociales que se realizaron frente al Organismo Legislativo. Y para participar en conferencias de prensa y reuniones con otros sectores de la sociedad civil organizada y planificar nuevas presiones al Congreso. Asimismo ante los medios de comunicación CUC argumentó lo negativo de dicha ley para la población guatemalteca. Una petición virtual de 200,000 firmas también tuvo su efecto. Otras organizaciones hermanas hicieron lo suyo interponiendo recursos legales en los tribunales en contra de la LPOV.
En su mayoría las acciones sociales fueron masivas, lúdicas, sobre todo pacíficas, y efectivas. Se considera que la derogación de la ‘ley Monsanto’ es un triunfo de la población civil organizada del país que se pronunció en contra o que participó en las acciones sociales.
La LPOV quedó oficialmente derogada el 25 de septiembre. Pero eso no garantiza que el sector empresarial del país no busque aprobar otro decreto parecido a la ‘ley Monsanto,’ por eso la población organizada debe estar atenta y volver a las calles para defender sus semillas, si es necesario.
De hecho, la LPOV responde a los compromisos asumidos por el gobierno de Oscar Berger al firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) en 2005. Este tratado exige que Guatemala acceda al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). De ahí surgió la LPOV, y todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias de rechazar esa ley y ese convenio.
Lógicamente la aprobación de la LPOV era un juego económico-político en donde los ganadores eran las empresas y empresarios nacionales e internacionales que se dedican a comercializar con las semillas nativas de los pueblos originarios. El Congreso aprueba leyes a favor de estos intereses y en contra de las mayorías.
El CUC es una organización que surgió por las violaciones a los derechos humanos y laborales que sufrían los pueblos indígenas y campesinos en la década de los setentas, y salió a luz pública en 1978.
En sus 37 años de vida el CUC ha luchado junto con comunidades indígenas y campesinas para accesar a la tierra. Se han entregado miles de títulos de propiedad, beneficiando a miles de familias campesinas en todo el país. También ha contribuido a la elaboración y presentación de iniciativas de ley de las cuales se puede mencionar la Ley del Registro de Información Catastral y la iniciativa 40-84 para una Ley de Desarrollo Rural Integral. El acceso a la tierra y la seguridad alimentaria de todos los guatemaltecos está en peligro también por la explotación minera, las represas hidroeléctricas y los monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar que usan nuestras tierras para exportar productos no comestibles mientras en casa sufrimos de desnutrición crónica y aguda. Por eso el CUC tiene alianzas con pueblos originarios y organizaciones populares para defender nuestro territorio y la Madre Tierra de estos peligros.
Entre las represiones al CUC en 2014, se encuentra la operación masiva de más de mil agentes de la PNC en contra del pueblo q’eqchi’ en Alta Verapaz. El 15 de Agosto desalojaron a la comunidad Nueve de Febrero, que se había instalado en 2009 en un pedacito del terreno enorme de la familia Ponce, para protestar por la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita en ese territorio sin consultar al pueblo q’eqchi’. (El desalojo se desprendió solo horas antes de la masacre al pueblo cercano de Semococh.) El CUC apoya la lucha de la comunidad Monte Olivo, que defiende el territorio del pueblo q’eqchi’. La represión en esta comunidad ha sido constante. En 2013, por ejemplo, un sicario y empleado de la hidroeléctrica, Guillermo Pacay Bol, buscaba al líder comunitario David Chen, pero al no encontrarle disparó y mató a dos niños, quiénes tenían nueve y trece años.
En la actualidad gran parte de nuestra lucha se enfoca en hacer presión al Congreso de la República para que apruebe de urgencia nacional la Ley de Desarrollo Rural Integral, tan necesaria para que haya un verdadero desarrollo en el área rural para la mayoría pobre de nuestro país. Exhortamos a todos los habitantes de nuestro país a sumarse a esa exigencia. Infórmense de qué es esta ley, apoyen las próximas acciones sociales para la exigencia de la misma, y sepan que la propaganda en contra, proveniente de la oligarquía, que pinta la ley como una reforma agraria extrema, es falsa.
El CUC lucha para arrancar de raíz las injusticias porque los derechos humanos son universales y no son exclusivos para un sector de la población. Cuando el CUC lucha por la tierra para cultivarla y habitarla, está luchando por una vida mejor para los pueblos indígenas y campesinos, que en pleno siglo 21 siguen siendo los más explotados laboralmente, excluidos y marginados.
