La ciudadanía sufre las consecuencias de un MP inoperante
Samuel Álvarez Morales
En mayo de 2022, el presidente Alejandro Giammattei eligió a Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público (PM) de Guatemala por cuatro años más, pese a que tuvo una administración cuestionada. Ciudadanos y ciudadanas criticaron la decisión en las redes sociales y se realizaron manifestaciones, también estuvo presente la indiferencia en muchas personas que desconocen cómo puede afectarles la falta de independencia del MP..
Para explicar cómo perjudica a un ciudadano común el trabajo de la fiscal general, es importante revisar la historia. Con las reformas constitucionales de 1993 se creó el Ministerio Público. La institución surgió como un esfuerzo para limitar la injerencia del sistema de justicia y evitar los abusos de poder cometidos por los gobiernos militares autoritarios.
El MP tiene funciones específicas como preservar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, además de promover la persecución penal. Es autónomo y responde a un orden jerárquico, con una máxima autoridad que es el fiscal general, quien es designado por el presidente del Organismo Ejecutivo para un periodo de cuatro años.
En palabras simples, la fiscal general nombrada decidirá la prioridad del Ministerio Público, que puede ser: investigar a pandillas, delitos de violencia de género, trata de personas, corrupción, narcotráfico u otro tipo de delitos de acción pública; además de designar quienes serán los fiscales encargados de la investigación y el enjuiciamiento de los responsables.
¿A quién responde el Fiscal General?
Esta pregunta nos sitúa ante un tema importante, que legitima o deslegitima la administración del titular del MP, pues para ocupar el cargo se requiere de la venia del presidente. Esto no sería un problema, si se tuviera la certeza que la persona designada respetará y garantizará la autonomía de la institución. Sin embargo, para obtener el puesto, los aspirantes deben garantizar que no serán incómodos para el presidente, su círculo cercano y sus financistas. Hay que tomar en cuenta que el presidente está facultado para realizar la designación sin fijar un parámetro claro y preestablecido.
¿Qué pasa cuando los intereses en el MP están encaminados a proteger a monopolios y oligopolios, cuando se pretende proteger a aquellos actores que promueven la corrupción sistemática dentro del propio Estado o proteger a las bandas de crimen organizado? Entonces la institución promueve la persecución penal contra sus propios fiscales o contra jueces que no se alinean a los intereses del establishment (grupos de poder). El acoso se extiende a los ciudadanos que se oponen y evidencian a un sistema que los oprime y limita sus libertades fundamentales.
En Guatemala se ha criminalizado a los defensores de derechos humanos, algunos de ellos: Bernardo Caal, Rigoberto Juárez, Nanci Cinto. Otro grupo perseguido son los periodistas como Sony Figueroa y operadores de justicia, entre los que podemos mencionar: Miguel Ángel Gálvez, Juan Francisco Sandoval, Ericka Aifan y Virginia Laparra.
El 20 de mayo de 2022, la Agencia EFE publicó que la exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana aseguró que 24 operadores de justicia han tenido que salir de su país durante los últimos años debido al protagonismo que tuvieron en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021.
Para el ciudadano común, esto puede ser irrelevante. Pero la comunidad internacional observa y confirma la falta de un Estado de derecho, esto provoca desincentivar la inversión, lo que produce desempleo y migración. A lo que se suman condiciones idóneas para que los grupos delincuenciales se establezcan, atenten contra la vida, la libertad y la propiedad privada.
En relación a la percepción que hay del MP en otros países, la designación que hizo Giammattei provocó que la Unión Europea expusiera inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción.
El Ministerio Público fue creado para fragmentar el poder del Estado y evitar las atrocidades de los gobiernos militares, algo que no se cumplió. En la actualidad el poder está concentrado, dejamos de tener una verdadera república y vivimos en un escenario idóneo para que se establezca un gobierno autoritario y totalitario, que amenaza la dignidad y libertad humana. Se viola el Estado de derecho y la Constitución Política de la República de Guatemala. El Ministerio Público gestiona intereses políticos y particulares que perjudican a todos y todas.
Samuel es director de Visión Legislativa
