Frente a un Estado derrumbado, solo queda la ciudadanía

Por Edie Cux. 

La madrugada del 22 de junio de 2022, el periódico Prensa Libre publicó en su sitio web la degradación de Guatemala en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). El país obtuvo una calificación de 3.38 de 10 puntos, lo que la ubica en una de las tres naciones de la región con menos políticas contra dicho flagelo. La puntuación global de la nación cayó un 12 % en comparación con el año anterior, aunque se mantuvo en el puesto 13, con una calificación solo por delante de Bolivia con  2.57 y Venezuela con 1.63.

Guatemala se hunde en una espiral interminable de corrupción e impunidad, poco a poco los órganos de control formal: Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas,  han sido capturados por redes político criminales que han emprendido acciones de debilitamiento institucional, así como de persecución en contra de operadores de justicia independientes y opositores de esa corrupción desmedida. Ya no queda institución independiente en el Estado.  

Esa corrupción tiene sus efectos. en febrero de 2022 el medio digital Plaza Pública expone en uno de sus artículos: “El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2020 titulado «La celeridad del cambio: hacia una mirada territorial del desarrollo humano» consta de unas 600 páginas en las que describe cómo el aumento de la pobreza, la falta de seguridad alimentaria, los problemas ambientales, el despojo de tierras e incluso los fenómenos naturales, son aspectos que generan condiciones tan críticas que obligan a los guatemaltecos a emigrar, principalmente a México y Estados Unidos”. 

Además, el conocido pacto de corruptos pretende acallar las voces del periodismo independiente, la reciente captura de José Ruben Zamora, director de elPeriódico, demuestra la forma acelerada en que se van derrumbando los pilares de la democracia. Estos acontecimientos plantean la necesidad de que la población reaccione, el ulterior  bastión que queda en un Estado derrumbado es la ciudadanía. 

Así es como los derechos fundamentales de auditoría social e información pública resultan trascendentales para un momento histórico marcado por la opacidad y la corrupción. Es a través de estos derechos que la ciudadanía puede tener acceso a la cosa pública y exponerla. A mayor exposición de la corrupción, mayor será el interés de la ciudadanía en los cambios que necesita el país. Es por eso que la auditoría social es la herramienta idónea para exponer los abusos y la mala administración de los funcionarios. 

Pero, ¿qué es la auditoría social? La Guía práctica para la auditoría social como herramienta participativa para fortalecer la gobernabilidad democrática, transparencia y rendición de cuentas, creada por el PNUD, explica  que es una forma de participación ciudadana que se centra en el desempeño del gobierno y la rendición de cuentas.

“El objetivo central de una auditoría social es monitorear, hacer seguimiento, analizar y evaluar el desempeño del gobierno; por tanto, haciendo que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus acciones y decisiones. Como una evaluación del desempeño del gobierno, un ejercicio de auditoría social puede considerarse como un mecanismo de control social, es decir, el control que los ciudadanos pueden ejercer sobre los funcionarios de su gobierno para asegurarse de que actúan de manera transparente, responsable y eficiente”, da a conocer la guía del PNUD.  

A través de la auditoría social la población puede mejorar su calidad de vida, puede hacer que sus derechos valgan frente al poder público. La guía incluye algunos beneficios de la auditoría social, como por ejemplo: es una herramienta de lucha contra la corrupción y la prevención de esta, fortalece la confianza en el proceso de gobernabilidad democrática, ayuda a que las entidades y funcionarios públicos anticipen cualquier problema que puedan tener las partes interesadas.

El documento también aclara que los gobiernos no siempre están dispuestos a cooperar o permitir que los ciudadanos monitoreen sus actividades. En ese caso, recomienda el desarrollo de formas creativas y efectivas para comunicar sus hallazgos y lograr la atención de los funcionarios públicos.

Sí la ciudadanía no despierta y no se moviliza, sea a través de la auditoría social o la resistencia pacífica, el país  seguirá condenado a la pobreza y el subdesarrollo.

Edie Josué Cux García, abogado y notario maya k’iche, está involucrado en la promoción de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia y la lucha contra la corrupción desde hace más de 10 años. Es director del área legal de Acción Ciudadana capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.