El financiamiento de las campañas electorales de 2011: El informe de la CICIG
Foto: Iván Velásquez, de Colombia, jefe de la CICIG.
Por Richard Brown – Editor, EntreMundos
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la Organización de las Naciones Unidas reporta en su informe de julio, 2015 sobre el financiamiento de las campañas políticas de 2011 que “la mayoría del financiamiento de la política es ilícito y, en buena medida, proviene de la corrupción” (p. 18).
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ve “sobrepasado” y el Ministerio Publico (MP) no tiene los recursos necesarios para enfrentarse a los delitos electorales. Además, en muchos casos, estos mismos “dependen de la información que presenten los partidos” politicos (p. 105). Y, por supuesto, los que gastan mas suelen ganar mas votos (p. 47).
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La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) stipula que el limite maximo de gastos de la campana electoral de un partido es el equivalente en quetzales de un dólar EEUU por ciudadano empadronado hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. 7,506,923 ciudadanos empadronados en diciembre 2014 establecen un limite actual de aproximadamente Q56,300,000.
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Pero en la campaña de 2011, la mayoría de los partidos gastó mucho más de su presupuesto oficial. Tabla 2 (abajo) muestra los resultados de las auditorias del TSE y Acción Ciudadana (AC) de esta campaña. Estas auditorias solo incluyen resultados “del monitoreo de medios de comunicación, dejando fuera de la estimación la mayor parte de la campaña de tierra, que incluye la realización de centenares de mitines en los que, por lo regular, se ofrecen alimentos y obsequios a los asistentes” (p. 64). La de AC tampoco cuantificó los gastos de publicidad móvil, de Internet o de redes sociales.
Los informes oficiales del Partido Patriota (PP) explica que se recaudó 93% de sus fondos a través de “actividades de autofinanciamiento,” como las “cenas” que recaudaron mas de Q36,000,000. Los informes de Lider citan donaciones “sin especificar nombres y montos” (p. 64).
El TSE informo en abril que el financiamiento de los partidos en 2015 seria fiscalizado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, pero el informe de la CICIG añade, “El regimen sancionatorio es tan débil que se convierte en un incentive para que los partidos violen sistematicamente lay leyes” (p. 65). Cuando el TSE sancionó a PP y a Líder por sobrepasar los limites en 2011, no les suspendo ni anulo los resultados electorales. “Los partidos más votados en las elecciones de 2011, incluyendo el que ganó la Presidencia, violaron sistemática e impunemente la legislación electoral: recibieron más recursos de los que reportaron y no revelaron las fuentes del dinero empleado” (p. 64).
El reportaje tambien cita “un considerable subregistro de delitos electorales.” Y cuando haya denuncios, dice la CICIG, “los porcentajes de impunidad de delitos electorales son de 95 al 100%. Esto permite aseverar con contundencia que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia” (p. 46).
Las elecciones de Guatemala son de las más caras de la region. Si las cifras de la AC son correctos, en Guatemala se gastan $10.11 por ciudadano empadronado, mientras en México se invierten $3.00 y en El Salvador $6.36 (p. 103). (En EEUU, se gastaron casi $7 mil millones en las campanas de 2012, alrededor de $45 por ciudadano empadronado.)
Según los expertos citados por la CICIG, alrededor de 25% del financiamiento electoral proviene de los empresarios aglutinados en las cámaras empresariales, otro 25% proviene de “estructuras criminales, sobre todo de las dedicadas al tráfico de drogas” y lo demás proviene de los proveedores del Estado de distintos tamaños (p. 66).
El informe constata que la “pieza central para el financiamiento ilícito de la política” a nivel nacional son las “redes político-económicas ilícitas” (RPEI) que generalmente “se aglutinan en torno a diputados distritales y/o alcaldes y edifican una estructura de empresas constructoras, proveedoras del Estado y oenegés que les permiten canalizar fondos públicos que, a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades, posibilitan el reforzamiento y la ampliación de su poder a escala departamental y nacional” (p. 72).
Es una practica tan comun y lucrativa que “se ha observado sistemáticamente que los grupos criminales tienden a montar empresas constructoras para acceder a asignaciones de obra pública. Esto les permite tanto aumentar sus ganancias como lavar los ingresos mal habidos… están ampliamente documentadas las acciones de estos grupos para influir decisivamente en el nombramiento de funcionarios de seguridad y justicia” (p. 101).
Las campanas son cada vez mas caras por varias razones. “El orden democrático busca, a través de la igualdad política, limitar la influencia del poder económico,” pero a través del financiamiento de campanas, los poderes fácticos aseguran que el statu quo no cambia. Mientras tanto, las campanas gastan cada vez mas en la publicidad en los medios masivos de comunicación (p. 6).
Además, los partidos ya no se diferencian tanto por sus proyectos politicos. El informe cita como causas a las políticas neoliberales y “las reformas que posteriormente se sistematizaron en el llamado Consenso de Washington” puestas en marcha en los 90 que buscan reducir el papel y tamaño del estado, privatizar los bienes públicos y desregular el mercado. “Con Estados pequeños y con pocos recursos, y con la idea asumida acríticamente de que el ‘mercado’ por sí mismo organizaría a la sociedad, los grandes proyectos políticos fueron perdiendo sentido, pues finalmente aplicaban las mismas políticas. Así, fueron desapareciendo las lealtades partidarias y la política tendió a personalizarse en torno a líderes locales, regionales o nacionales fuertes que concentraron la adhesión y podían movilizar votantes, siempre y cuando contaran con suficiente dinero” (p. 7).
Esta tendencia se aceleró después del autogolpe de estado en 1993 por el entonces Presidente Jorge Serrano Elías, cuando “las élites empresariales desencadenaron una campaña mediática por la ‘depuración’ del Congreso de la República y en contra de los llamados ‘partidos tradicionales.’ El resultado fue la cancelación de estos partidos en los años siguientes, y con ello la desaparición de las grandes tradiciones políticas en Guatemala” (p. 23). El informe añade que la oferta política “se concentra en el centro y la derecha del espectro político” por “la proscripción y persecución de los partidos y líderes de la izquierda política entre 1954 y 1995” (p. 24). Este “ha contribuido a moldear las preferencias de los electores” hacia el centro y la derecha y reducir la oferta política (p. 25).
Todo esto agrava la vieja tendencia hacia el clientelismo; “el vínculo político se fue construyendo sobre todo a través de redes de intercambio y reciprocidad” que permiten a los involucrados apropiarse de bienes, empleos y contactos. “Alimentar estas redes de intercambio require cuantiosos recursos” (p. 6).
Un resultado de estas tendencias es la fluidez del sistema de partidos. Candidatos a menudo cambian de partido y alcanzan una vida política mucho más larga que las de sus partidos de turno porque “la política se organiza en torno a personas, no a proyectos políticos” (p. 26). Explica, “en Guatemala las élites no tuvieron necesidad ni interés de crear un partido propio, sino han tendido a utilizar/instrumentalizar a partidos ad hoc temporales para impulsar sus políticas.” Este permite que “los líderes políticos busquen acuerdos con sus financistas antes que crear partidos sólidos y arraigados en la población” (p. 21).
