El derecho a saber

Por Gerson Ortiz

El periodismo enfrenta un asedio sin precedentes. La Asociación de periodistas de Guatemala (APG) registra 389 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, 105 de estos ataques han ocurrido entre enero y octubre de 2022.

Como en las horas más oscuras de la historia del país, la lógica represiva de Giammattei ha vuelto a poner sobre la mesa la consigna del castigo por decir, a través de silenciar a cualquier precio al mensajero. En ese retorcido afán, ha puesto a todo el aparato estatal al servicio de esa lógica perversa: el encarcelamiento, persecución y acoso contra periodistas son las más claras evidencias de que hurgar entre las cloacas de la corrupción merece un castigo ejemplar: la cárcel o el exilio.

Pero aunque la persecución penal, el acoso judicial, el desprestigio constante en cuentas de Netcenter y las agresiones físicas contra periodistas pueden catalogarse como las más graves violaciones a la libertad de expresión, estas no son las únicas. El gobierno de Giammattei ha tomado otras medidas que atentan directamente contra ese derecho humano y universal, algunas de las cuales cito a continuación.

A principios de abril de 2022, el Estado de Guatemala presentó un recurso de aclaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el que pide “aclarar” el concepto de Radio comunitaria, aduciendo que este no existe en el ordenamiento jurídico vigente.

Esta acción fue planteada por el Estado de Guatemala contra la sentencia de la Corte IDH del 6 de octubre de 2021, la cual le ordena al país aplicar una política de distribución de las frecuencias radioeléctricas que “garantice la voz y la presencia de todos los sectores de la sociedad”. Esta actitud por parte del Estado es claramente dilatoria de la aplicación de un fallo que favorece a las radios comunitarias y a la libertad de expresión.

Otra acción violatoria de este derecho se ha visto en el incumplimiento de la Ley de acceso a la información pública. Según el último informe de la Secretaría de Acceso a la Información Pública del Procurador de los Derechos Humanos (Secai), 334 sujetos obligados a informar sobre sus gestiones en torno a solicitudes de acceso a la información incumplieron este mandato, la mayoría de infracciones provienen de fideicomisos, mineras, petroleras, hidroeléctricas y ONG que reciben transferencias estatales.

Además, ha sido notorio el “cierre de filas” en las instituciones de Gobierno para blindar cierta información en beneficio del statu quo. Por ejemplo, se ha negado el acceso a datos que son públicos bajo criterios arbitrarios como el de catalogar la información como “datos personales”, cuando lo que se requiere son informes de rendición de cuentas, algo normal en una democracia.

El bloqueo a cuentas de Twitter de periodistas por parte de funcionarios públicos ha sido otra acción que atenta contra la libertad de expresión. Por inofensivo que parezca, cada vez que un funcionario público bloquea a un periodista está, a su vez, restringiendo su labor de fiscalización, lo que restringe también el derecho ciudadano a saber.

La libertad de expresión es un derecho universal que todas y todos podemos y debemos ejercer, sin embargo, la cruzada que se ha emprendido contra periodistas y medios de comunicación no solo atenta contra la vida e integridad de las y los comunicadores. Estas acciones tienen una repercusión directa en el derecho ciudadano a estar informados, a saber cómo y dónde se gasta el Estado el presupuesto público y quiénes están detrás de los cargos de elección popular que se designarán en las elecciones de 2023, por citar dos ejemplos.

Hay una maquinaria estatal bien aceitada detrás de todas estas medidas represoras de la libertad de expresión. Por cada periodista herido, criminalizado, enjuiciado, acosado en redes sociales, encarcelado o exiliado, habrá miles de ciudadanos que pierden un derecho fundamental sin el cual la democracia no puede ser plenamente ejercida: el derecho a saber.

Gerson es periodista y comunicólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trabajó como reportero y columnista en La Hora y como editor y jefe de Redacción en elPeriódico. Ha colaborado en medios internacionales como Cinco Días (España), CNN (Estados Unidos) y Exandas (Grecia). En 2018 publicó Soñarás jamás (Linotipo Editorial) y en 2020, La lengua de los gatos (Independiente), libros de narrativa breve.