Diez meses de criminalización

Por Shirlie Rodríguez

Tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI quedó sin el apoyo de la Fiscal General Consuelo Porras e inició la persecución a operadores de justicia.

Uno de estos casos es el de Virginia Laparra, jefa de la FECI en Quetzaltenango y que desde febrero de 2022 está en  prisión por una denuncia de Lesther Castellanos, Relator contra la Tortura. El 14 de diciembre, la jueza Oly González condenó a la ex fiscal  a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad. La ex fiscal podrá pagar una multa de Q10 por cada día de prisión. Fue sentenciada por denunciar  a Castellanos, en ese entonces juez de Mayor Riesgo, por una supuesta revelación de información en un caso a su cargo.

En el 2018, Virginia conoció el caso por corrupción en contra del exalcalde de Quetzaltenango Jorge Barrientos, en el proceso judicial también estuvieron involucrados familiares del exfuncionario e integrantes del Concejo. El caso fue cerrado por el Juez Hugo Escalante, quien resolvió que no había más pruebas que el testimonio de un colaborador eficaz. Ahora, ella tiene dos procesos en su contra por la denuncia de Castellanos, a quien el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango declaró non grato por formar parte del pacto de corruptos y criminalizar a la exfiscal.

Con una nueva orden de captura, la exfiscal volvió a Quetzaltenango, pero para dar seguimiento a su caso, ella pidió que no la trasladaran desde la capital porque temía por su seguridad física. La jueza Silvia Cajas, del Juzgado de Primera Instancia Penal resolvió que debía llegar a las audiencias.

Exigen justicia

Como muestra de apoyo para la exfiscal, colectivos ciudadanos se plantaron en la entrada del Centro Regional de Justicia para exigir la liberación de Laparra y para que dejen de perseguir a los operadores de justicia como lo han hecho en los últimos meses.

Pilar Bagur, del Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, dijo que es lamentable que la ciudadanía no tenga un sistema de justicia independiente en el que puedan confiar, porque están vulnerando los derechos de Laparra.

Oliver López, otro manifestante que llegó con el grupo de estudiantes universitarios, dijo que estaba en el lugar porque le preocupa que se vulneren los derechos de la ciudadanía como ha sido evidente en las últimas manifestaciones ciudadanas. Pidió a las autoridades que no estén bajo el control del pacto de corruptos porque esto solo lleva a que impere la impunidad en el país.

“No estás sola, exigimos la libertad para Virginia Laparra”, decía otra manifestante a través del altoparlante que utilizaron en el plantón.

Lester Castellanos, denunciante y actual titular de la Oficina de Prevención de la Tortura, ignoró derechos humanos y criminalizó la manifestación ciudadana, dijo que estaban cometiendo “apología del delito”.

 Está fuerte y centrada en su caso

Los primeros meses en los que Virginia Laparra estuvo presa denunció a través de cartas las constantes violaciones a sus derechos, la criminalización en su caso e incluso que no tenía acceso a ver la luz del día. Estas cartas también fueron tomadas en su contra para las audiencias judiciales.

Luis Laparra, hermano e integrante del equipo legal de la exfiscal, mencionó que actualmente se mantiene fuerte y enfocada en su caso, a pesar de llevar tantos meses lejos de sus hijas y de las personas que ama. “Considero que está bastante clara de cómo está su caso. A nosotros nos sugirieron la aceptación de cargos, pero esto sería aceptar algo que no se ha hecho. Ella no es corrupta. No aceptará los cargos de delitos que no existen solo por complacer a un sistema corrupto”, dijo.

El equipo legal buscará que le den medidas sustitutivas y que salga de prisión preventiva. Son cinco audiencias las que se han realizado y por diferentes circunstancias, le han negado su libertad.

“Nosotros esperamos objetividad, justicia y ante todo que no se vulnere la seguridad de la doctora Virginia porque fue fiscal contra la impunidad y llevó casos de alto impacto”, dijo la abogada defensora Wendy López.

“Gracias a todos por su apoyo, estamos acá en este proceso que ha sido difícil”, dijo Laparra quien resaltó que lo más difícil de este tiempo y de su caso, es la injusticia.

Shirlie Rodríguez es periodista, becaria de la IWMF Periodismo Más Incluyente, la Fundación Gabo por periodismo de Soluciones y parte de la Red LATAM de periodistas jóvenes de Distintas Latitudes. Cofundadora del Proyecto Aliadas, una iniciativa de periodismo local.  

Foto: Prensa Comunitaria