Defender el territorio no es crimen
Emma Gómez y María Longo
Proteger los recursos naturales, los bienes de la comunidad y la tierra, ha llevado a muchos líderes y lideresas de Guatemala a prisión.
Según la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el total de agresiones registradas contra personas defensoras entre enero y junio de 2020 ascendería a 677. En su mayoría actos de criminalización, difamación, estigmatización y discursos de odio, así como asesinatos, amenazas, intentos de asesinato, actos de intimidación y vigilancia.
A pesar de ser criminalizados, su lucha continua, estas son algunas de las historias.
Caso CECOPA
La recuperación de las instalaciones del Centro Comunal de Patzún (CECOPA), en Patzún, Chimaltenango, se convirtió en la criminalización de 15 personas.
El centro creado para el bienestar de la comunidad cumplió con este propósito durante 10 años, pero los 20 años siguientes fue utilizado para beneficios particulares, lo que provocó malestar en la población.
La ciudadanía se organizó para la defensa del lugar con la consigna de que no hubo transparencia en los procesos de elección de la junta directiva que además se apoderó del cargo y no lo renovó. Para evitar que los vecinos y vecinas recuperarán lo que les pertenecía, las personas que se beneficiaban del lugar denunciaron en el Ministerio Público a la junta directiva elegida para la restauración del bien a la comunidad.
COPAE informó que 13 de las personas criminalizadas fueron ligadas a proceso penal el 5 de abril de 2019 por los delitos de allanamiento con agravaciones específicas, coacción y usurpación agravada; mientras que dos más fueron notificados el 27 de septiembre de 2020, por los delitos de coacción y usurpación agravada.
Caso Hidro Salá
La oposición a megaproyectos también se ha convertido en una injusta razón para la persecución de integrantes de la comunidad, como sucedió con el pueblo maya mam de San Pablo, San Marcos. El rechazo a proyectos hidroeléctricos para proteger su territorio, sobre todo un río, fue la razón de amenazas en contra de Fausto Sánchez Roblero.
Un día antes de su captura había participado en una asamblea con comunidades en resistencia, porque habían capturado a una compañera. Los pobladores recuerdan que a Fausto lo sacaron de su vivienda y su familia no sabía dónde lo tenían.
“Lo encontramos en un estado muy difícil. Fue una especie de secuestro, un trauma psicológico para él y su familia”, recuerda uno de los pobladores que cuenta su relato en el documental Tropelia.
A Fausto lo ubicaban como uno de los dirigentes que provocaba zozobra a la empresa Hidroeléctrica Salá. Su captura se realizó antes de las 6 horas, algo constitucionalmente imposible.
En marzo de 2017, más de dos años después en prisión, el líder comunitario fue declarado inocente del secuestro de un trabajador de la hidroeléctrica. Fausto no fue la única persona criminalizada por la defensa de su territorio frente a Hidroeléctrica Salá.
Caso Río Cabón
Bernardo Caal Xol, originario de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, es uno de los líderes ambientalistas guatemaltecos más reconocidos y fue liberado de prisión en abril de 2022. Su lucha por el río Cahabón provocó que lo criminalizaran, él asegura que está decidido a continuar con la lucha, “porque las comunidades que nunca han dejado de luchar me esperan”.
En 2015, Caal, siendo un maestro de educación primaria, organizó una oposición pacífica contra la construcción de dos proyectos hidroeléctricos por sus efectos perjudiciales en el Río Cahabón, considerado sagrado por la comunidad local. Caal inició acciones legales contra la hidroeléctrica y la Corte Suprema de Guatemala falló a su favor, aceptando que OXEC no había obtenido el consentimiento de los pueblos indígenas residentes en la zona antes de iniciar el proyecto. La empresa apeló esta decisión, el caso fue llevado a la Corte de Constitucional, que también falló a favor de Caal y suspendió el proyecto.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional posteriormente revocó esta decisión y permitió que la empresa continuará operando, cediendo a las presiones de los sectores empresarial y político.
En enero de 2018, Caal fue citado a audiencia judicial, detenido y acusado de robo agravado y detención ilegal de empleados de la central hidroeléctrica que presuntamente ocurrió en 2015. En noviembre de 2018, en base a muy pocas pruebas, fue sentenciado a siete años de prisión y cuatro meses.
Amnistía Internacional lo declaró oficialmente preso de conciencia y organizó una campaña para pedir firmas para su liberación.
Bernardo Caal
Caso mujeres contra las minas
María Magdalena Cuc Choc, es una mujer indígena q’eqhi de El Estor, Izabal. Maestra e intérprete, apoya a otras mujeres para que juntas defiendan el territorio.
María decidió apoyar a las mujeres cuando se dio cuenta que en varias comunidades afectadas por las actividades de empresas mineras extranjeras eran ignoradas, porque solo hablan q’eqhi y no español.
En el lugar había desalojos de familias, las mujeres lograron registrar una demanda en Canadá, país de origen de la empresa minera responsable de los desalojos.
La defensa provocó amenazas, persecución, criminalización y encarcelamiento. El acompañamiento que María le dio a las comunidades indígenas en la defensa de su territorio fue el motivo principal de su criminalización. La acusaron de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas.
El municipio de María ha sufrido las consecuencias de que se instalen empresas mineras que los despojan de su tierra, además de empresas de palma africana, caña de azúcar y bananeras que dañan la fertilidad de la tierra. La contaminación y perjuicio de las fuentes de agua es otro problema al que contribuyen las hidroeléctricas.
“Hemos sufrido muchos desalojos, 11 mujeres fueron violadas, ¿quiénes lo hicieron?, agentes de seguridad de la empresa minera y policías nacionales. El único delito es que alces la voz”, dijo María.
María Magdalena Cuc Choc
Caso Abelino Chub
Abelino Chub Caal, defensor de su tierra, ha apoyado a comunidades indígenas con procesos legales para el reconocimiento de sus derechos territoriales e impulso de proyectos autosuficientes de agricultura sostenible. Su historia de criminalización inició en el 2016, cuando dos empresas de agronegocio intentaron expandir su producción de banano a la de palma aceitera. Para hacer eso, decidieron utilizar tierra donde viven comunidades indígenas Q’eqchi, en el Estor Izabal.
Chub inició como mediador entre las comunidades y la empresa transnacional. Presenció desalojos de centenares de familias; en 2007 cuando una empresa minera canadiense desalojó a 100 familias de El Estor, cerca de la costa del Pacífico de Guatemala, y las de 2011, los despiadados desalojos de 732 familias indígenas Q’eqchi de sus tierras en el Valle de Polochic, posteriormente fueron plantados cultivos de azúcar para la producción de biocombustibles. Personas resultaron heridas y mujeres de la comunidad fueron violadas durante el desalojo, pero esas violaciones nunca fueron investigadas en Guatemala
El 4 de febrero del 2017, Abelino fue detenido mientras celebraba su cumpleaños con su esposa y sus dos hijos. Permaneció en custodia esperando por su juicio por más de dos años. En abril de 2019, tras haber presentado evidencia de no haber estado en la zona el día del incendio, Abelino fue absuelto de todos los cargos durante su juicio. La Corte concluyó desestimar el caso.
Estuvo preso por dos años por un crimen que no cometió. Abelino ahora es libre, pero su lucha, y la lucha de otras personas defensoras, aún están lejos de terminar.
“Seguiré denunciando todos los problemas que afectan a las comunidades. Al igual que otros defensores de la tierra y del medio ambiente, no trabajo para mí, sino para proteger los derechos de las comunidades que han sido abandonadas por el Estado” dijo a un medio internacional.
Abelino Chub Caal
Caso Dominga Botzoc, la negociadora del caso Río Polochic
En las lejanas comunidades de Panzós, Alta Verapaz, vive Dominga Botzoc, de 41 años, es una de las sobrevivientes de los desalojos de tierras en el 2011.
Es madre soltera, su determinación y compromiso con su comunidad la convirtieron en una de las negociadoras. En entrevistas ha declarado; “Soy consciente del sufrimiento de todas, porque fue un sufrimiento colectivo, por eso tomé el valor de participar en las acciones y en algunas reuniones que tuvimos con las instituciones agrarias”.
A pesar de las luchas que mantienen hasta la fecha, todavía el Estado de Guatemala no ha logrado garantizarles vivienda digna, escuela, un centro de salud ni carreteras para su fácil acceso.
No olvidan que el Gobierno de Guatemala los desalojó de forma violenta en el 2011. Sus cultivos fueron quemados y tres campesinos murieron por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y la empresa azucarera Chabil Utzaj.
A pesar de que unas 134 familias recibieron tierras en junio de 2018, otras 414 continúan esperando en situación de total abandono.
Han pasado 4 gobiernos y hasta ahora no se han cumplido todos los compromisos ni garantizado los derechos para la mayoría de las niñas y niños, mujeres y hombres a los que les fueron arrebatadas sus tierras.
Dominga Botzoc
Caso Chocabj-Piedra Canoa
Han pasado casi 15 años desde que se inició la lucha por un terreno comunal de la comunidad de Chocabj, que traducida al español significa Piedra Canoa.
Chocabj, es una aldea de Sibinal, San Marcos, queda en el altiplano occidental del país, su ubicación estratégica con la frontera de México ha llamado la atención de varias empresas.
La comunidad fue fundada hace más de 200 años, de acuerdo a los líderes comunitarios, sin embargo, en el 2007, la municipalidad de Sibinal autorizó un supuesto parque ecológico, lo que para los comunitarios fue la privatización de una gran extensión territorial.
El lugar era de uso común y se usaba como área de pastoreo de las familias que se dedican a la agricultura, es un medio de subsistencia, pero ahora ya es un lugar privado donde no se puede ingresar, afirman los comunitarios.
En una miniserie que trabajó COPAE los líderes comunitarios relatan en tres segmentos de cómo inició la comunidad y que tienen la documentación legal que los respalda como administradores de 34 caballerizas, sin embargo, el Estado a través de la municipalidad ha logrado impedir que ingresen a su territorio.
Porfirio Roblero, líder, asegura que la lucha se mantiene desde hace varios años. Se ha privatizado una gran extensión, no se respeta la comunalidad, han despojado y negado el acceso, relata.
Desde 2008 cuando se inició con las licencias mineras se comenzó con esta lucha, la comunidad que está en un lugar estratégico.
Eliu Orozco, otro líder comunitario, asegura que para respaldar la lucha de la comunidad se organizaron las consultas comunitarias para demostrar la resistencia de las comunidades y luchas de supervivencia.
Aseguran que la municipalidad ha entorpecido los procesos, por eso piden la pronta devolución de sus comunidades y resolver a favor de los comunitarios para administrar los bienes comunales.
Caso Mina Marlyn
Mina Marlyn, operó en el país por 12 años. Fue ubicada en los municipios San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos.
Comunitarios y líderes aseguran que, en lugar de apoyar al desarrollo del lugar, lo que dejó la actividad minera fueron nacimientos de agua secos, fuentes de agua contaminada, casas rajadas, paisaje desolador, tristeza e incertidumbre en las comunidades del Pueblo Maya Mam y Sipacapense.
Los vecinos de estos municipios se encuentran con inseguridad de agua para el consumo humano y animal, ya que la actividad de explotación minera a cielo abierto que realizó Mina Marlin por más de una década, dejó unos 18 nacimientos de agua secos y fuentes contaminadas con metales pesados peligrosos para el consumo.
Varios estudios de organizaciones internacionales reportan que la explotación minera implica la desaparición de 142 hectáreas de bosques y suelos en los primeros dos años de operaciones, y una eliminación de cobertura boscosa de 289 hectáreas al final de las actividades, tal como lo indica la Alianza Centroamericana frente a la Minería.
La organización reporta que generaba 170 barriles de desechos mensuales, con una estimación total de 23 a 27 millones de toneladas de residuos al final del proyecto.
En el 2005 el municipio de Sipacapa organizó una consulta comunitaria, 9 de las 11 comunidades se opusieron a los trabajos mineros, estas acciones eran legítimas por parte de las comunidades, pero no era vinculantes según el Estado de Guatemala, a través de la CC, por lo que la empresa minera continuó su trabajo por 12 años.
Las comunidades aledañas a la mina, Ágel, Salitre, San José Ixcaniche y San José Nueva Esperanza, han manifestado daños en la infraestructura de sus viviendas, por tal razón se han llevado a cabo varios estudios para determinar las causas, según informes de COPAE.
La lucha de los comunitarios llevó la demanda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2011 la CIDH anunció su decisión y ordenó una mesa de diálogo, pero no podían participar las comunidades afectadas. Luego de varios diálogos para exigir para la protección del medio ambiente, este objetivo nunca se logró, según el estudio del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
