Brechas de la justicia y mujeres guatemaltecas

POR ANA LUCÍA MORÁN VÁSQUEZ
En Guatemala existen problemas de acceso a la justicia para las mujeres guatemaltecas en general, no obstante, a más condiciones de vulnerabilidad reunidas en una mujer, más y mayores serán las brechas para que pueda ejercer su derecho al acceso a la justicia.

En la raíz de la problemática enunciada se encuentra la disputa entre; la igualdad formal declarada en artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual indica que en Guatemala, las mujeres y hombres son iguales en dignidad y derechos, versus la realidad de discriminación de género sufrida por las mujeres de todas las edades y en todos los espacios sociales.

En Guatemala las desigualdades entre hombres y mujeres destacan por encima de otros países de América Latina. Según el último Informe Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Desarrollo Humano para todos”, el país registra un índice de desigualdad de género de 0.49, que lo ubica en el percentil 72. Esto significa que Guatemala está en una situación más deficiente que el 72% de los países del mundo. En la región, sólo Haití registra un índice mayor. Los datos se equiparan a los de regímenes autoritarios de continentes como Asia o África. (Quintela, 2017).

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La violencia y la impunidad son los mecanismos que el sistema patriarcal emplea para perpetuar la desigualdad entre hombres y mujeres en Guatemala, y es lo que explica el porqué, pese a la promulgación de leyes, mecanismos e instituciones enmarcadas en las dos Convenciones de derechos humanos de las mujeres, en Guatemala, la violencia y la impunidad persisten.

Se considera que la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos principales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados, de acuerdo a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (CEDAW).

El dato más contundente respecto de la magnitud del fenómeno de la violencia basada en género, se encuentra en el número de denuncias por violencia contra la mujer. En Guatemala año con año es el delito más denunciado, además, sólo un 20% se resuelven, lo cual no quiere decir que exista condena contra los victimarios, ya que muchas de las denuncias, son desestimadas, en realidad, de conformidad con estudios realizados por instituciones especializadas en el tema, como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el 94% de estos delitos quedan en total impunidad.

En Guatemala, la violencia contra la mujer es el delito denunciado número uno con 52 mil 447 denuncias en 2022, 197 por día y 532 feminicidios; sin embargo, solo se resolvió el 20 por ciento de las denuncias de violencia basada en género presentadas ese año, de acuerdo a un estudio de USAID en el 2023.

Los servicios de justicia por violencia basada en género, no responde eficazmente a las necesidades de las mujeres en general, pero aún es más deficiente, cuando se trata de responder a mujeres que son pobres, analfabetas, indígenas, discapacitadas, que viven en el área rural y pertenecer a la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+) y se debe resaltar que entre más condiciones de vulnerabilidad coincidan en la mujer víctima, más difícil será poder ejercer su derecho a la justicia.

Las estructuras y modelos existentes no pueden manejar el volumen anual de denuncias de Violencia de Género/Violencia Sexual, ni la arquitectura institucional responde adecuadamente a las necesidades integrales de las víctimas de VG, tanto en áreas urbanas con grandes recursos como la Ciudad de Guatemala como en departamentos más rurales y con menos recursos relativos, de acuerdo con el documento de USAID, que trabaja para aumentar y mejorar los servicios para las víctimas de violencia basada en género (VBG) y apoyar el desarrollo de planes de prevención de la violencia.

El ámbito de la justicia penal ha sido históricamente un bastión de los hombres y hasta existe una frase que refleja este fenómeno, “la cárcel fue hecha para los hombres”, y es que el derecho penal se trata del ejercicio de la violencia del Estado, el cual ha concentrado el poder en los hombres y, las leyes así como su aplicación, eran su prerrogativa hacia otros hombres, ya que eran ellos quienes convivían y actuaban en el espacio público. Ese era su espacio por excelencia, mientras que el espacio doméstico era el asignado a las mujeres. A esto se suma, las estructuras opresivas del racismo y el clasismo, ya que en todos los países del mundo las cárceles están llenas en su mayoría de hombres, pobres e indígenas.

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Las adversidades de sectores vulnerables

En ese sentido es pertinente resaltar lo expuesto por Ana López, una abogada indígena de Guatemala que también es abogada litigante. Ella dice que le tomó tres semestres de la licenciatura, entender que algo estaba mal con las leyes en Guatemala. “Son escritas y aprobadas por hombres y para hombres. Las mujeres y los pueblos indígenas no estamos en estas leyes y menos en los contenidos que enseñan en las facultades de Derecho”, señala.

Las abogadas indígenas enfrentan discriminación en el sistema de justicia guatemalteco. Principalmente, racismo, machismo y clasismo, según López. “Al entrar a un juzgado, nos confunden. Piensan que somos la esposa del procesado o la mamá. Allí hay un análisis del rol reproductivo de las mujeres. Nos ven como las indígenas, mamás, las del oficio doméstico, y no como la abogada defensora” indica un reportaje de Agencia Ocote.

Evaluaciones y estudios confirman lo dicho respecto del clasismo y racismo en la justicia penal, particularmente contra las mujeres.

El ejercicio de evaluación ha constatado que una limitación importante de las instituciones implicadas en el sistema de justicia es la respuesta, todavía muy débil, en lo que se refiere a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, de acuerdo a ONUMUJERES, 2023.

En ese sentido es posible concluir que el imperio del sistema patriarcal en Guatemala, obstaculiza los avances pretendidos a través de la promulgación de leyes, mecanismos, protocolos y las instituciones creadas para la prevención, sanción y erradicación de la violencia basada en género.

Guatemala es un Estado con una democracia frágil que no garantiza la igualdad de derechos para todas y todos, por la prevalencia de poderes de facto que promueven y sostienen estructuras de opresión, como el clasismo, racismo y sexismo, todo lo cual explica la violencia campante, la inoperancia del sistema de justicia y la impunidad por norma. Para las mujeres, sobre todo aquellas que suman más condiciones de vulnerabilidad, el acceso a la justicia es una quimera, porque a más condiciones de vulnerabilidad más se amplía la brecha para poder obtener justicia. Hablar de un 94% de impunidad, es afirmar que la impunidad es casi perfecta.

Ana Lucía Morán Vásquez. Licenciada en Derecho. Post grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Estudios de Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo. Investigadora, docente y activista a favor de derechos humanos de la niñez, mujeres, pueblos indígenas y población LGBTIQ+.

Caso: Juana Méndez, la primera mujer maya que logra que encarcelen a un policía por haberla violado. Fot: Quorum