Con o sin COVID-19, el Trabajo Infantil persiste en Guatemala.
Fredy Pastor
“¡Niño chispudo! Ni la lluvia lo detuvo. Fue captado en la zona 1 de Coatepeque; en su bicicleta se lee «Servicios de mandaditos express». Si lo ve, ayúdele… “
Con esta descripción se presentaba el 10 de junio de 2020 en uno de los principales medios de comunicación de Quetzaltenango, la historia de un niño del municipio de Coatepeque que en vista de las limitaciones económicas de su familia, decidió establecer un “servicio de mensajería” para aportar algo de dinero a su hogar. Algunos usuarios en redes sociales se enfocaron en reconocer al niño de nueve años como un héroe, escribiendo: “que Dios lo bendiga”; otros sin embargo, recalcaron la importancia de no romantizar el trabajo de los niños, niñas y adolescentes.
Este caso, es uno de tantos que existen en el país. En Guatemala son miles de niños, niñas y adolescentes que trabajan en diversas ocupaciones para la supervivencia propia y de su familia. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) del año 2018 estimó que 396 mil 479 personas menores de edad, entre 7 y 14 años, estaban trabajando. A pesar de lo preocupante que es dimensionar este problema para poder resolverlo, en la ENEI del 2019, este dato ni siquiera fue incluido.
En 2016, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, (CONAPETI) presidida por la Vicepresidencia de la República e integrada por diversas instituciones vinculadas con el tema, estableció la “Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil y sus peores formas Programación 2016 – 2020”. Este documento pretendía ser una herramienta orientadora para alcanzar progresivamente la meta de erradicar el trabajo infantil. A nivel departamental correspondía a los Comités Departamentales (CODEPETI) organizar y coordinar la puesta en práctica de esta herramienta. Sin embargo, al último año de su período de vigencia, han sido realmente pocos los avances que se han tenido en el cumplimiento de esta Hoja de Ruta.
Rebeca Pérez, coordinadora del programa de Municipalización por los Derechos de la Niñez del Centro Ecuménico de Integración Pastoral (CEIPA), expresa que los principales factores que impidieron que esta herramienta lograra su cometido, fueron la falta de mecanismos y recursos reales para el cumplimiento de los marcos jurídicos y programáticos. “Los convenios, acuerdos y sus reglamentos estaban claros. Pero ninguna institución tenía recursos específicos para atender directamente a la niñez y adolescencia trabajadora. Incluso a algunas instituciones clave como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tenía dentro de sus funciones dar seguimiento al tema de trabajo infantil y sus peores formas a través de la Unidad de Protección a la Adolescencia Trabajadora (UPAT) se les redujo el presupuesto, a tal punto que desde hace varios años ya no cuentan con UPAT en las sedes departamentales. Y la coordinación desde la UPAT a nivel central se hace todavía más difícil” menciona.
El 12 de junio de cada año, se conmemora el Día mundial contra el trabajo infantil. Para el año 2020, este se centrará en el impacto de la crisis actual en el trabajo infantil, pues la pandemia de salud de COVID-19 está teniendo un profundo impacto económico y en el mercado laboral. Lamentablemente, los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables y los primeros en sufrir las consecuencias de estos fenómenos; ahora, la crisis está empujando a millones de ellos al trabajo infantil.
Ante tal situación, debemos preguntarnos ¿basta con celebrar y reconocer el esfuerzo de un niño, niña o adolescente que decide apoyar a su familia pese a los todos los obstáculos? ¿O deberíamos ir más allá y exigirle al Estado que asuma la responsabilidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes ante el trabajo infantil que pone en riesgo su salud y seguridad?
Foto de portada: Nelson Cetino
