¿Qué hace el Estado de Guatemala para apoyar a mujeres sobrevivientes de violencia?

Por: Karen Legrand

Asociación Ixoqib’ MIRIAM se fundó en Guatemala en 1996, con el fin de facilitar el acceso universitario a mujeres mayas, garífunas y xincas principalmente. Con los años MIRIAM ha ampliado sus programas a mujeres y adolescentes sobrevivientes de violencia por medio de apoyos integrales, los cuales incluyen el acceso a la educación primaria y/o secundaria, formación técnica, apoyo psicosocial, derechos de las mujeres, equidad de género, y promoción de una vida plena, libre de racismo y violencia.

En 2017, MIRIAM junto a organizaciones socias iniciaron un ejercicio de auditoria social relacionado al cumplimiento del Estado en cuanto a la prestación de servicios en áreas de educación y psicología para adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango.

¿Qué es una auditoria social?

El colectivo de organizaciones Mayas de Guatemala –Komon Mayab- define la auditoría social como una serie de prácticas desde la participación ciudadana, las cuales tienen como finalidad el control, evaluación y/o seguimiento de las obras, proyectos, programas públicos destinados al bien común.

En Guatemala existen diversas experiencias sobre auditorías sociales. En el caso de MIRIAM, su objetivo principal ha sido la visibilización de las experiencias de adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en relación a la atención psicológica y educativa recibida de parte de instituciones públicas.

Durante dicho proceso realizado en 2017, se auditó el cumplimiento de los Ministerios de: Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, Desarrollo Social –MIDES-, Educación –MINEDUC-; Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP- y Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-, relacionado a la atención para adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango.

¿Reparación digna y trasformadora?

Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, en su artículo 63 numeral i, define la reparación como: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Dentro del marco internacional la -CIDH- regula una serie de principios que establecen principalmente el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a una reparación plena del daño causado, esto por medio de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos.

Así mismo, a nivel nacional se cuenta con una serie instrumentos legales que tienen como finalidad la reparación digna, restitución de derechos, rehabilitación, compensación, satisfacción, medidas de no repetición, resarcimiento, protección y promoción de proyectos de vida, entre estos instrumentos se puede mencionar el Código Penal, Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima, Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y ley de Protección Integral de la Niñez y adolescencia.

¿A qué se enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres en Guatemala?

Según estadísticas del Grupo Guatemalteco de Mujeres –GGM- durante los primeros 5 meses del 2019 se han registrado 226 muertes violentas de mujeres, de estas muertes 135 han sido determinados como femicidios, las edades de las víctimas en su mayoría se encuentran entre los 16 a 30 años, de estas muertes violentas se han registrado 6 por seccionamiento corporal incluyendo la decapitación y desmembramiento.

Respecto a la problemática de violencia sexual el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF de enero a mayo de 2019 ha realizado 3,005 evaluaciones clínicas por denuncia, esto quiere decir en promedio 19 denuncias diarias. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva –OSAR- de enero hasta agosto 2019 ha registrado 85,619 embarazos en niñas y adolescentes entre edades de 10 a 19 años, siendo los departamentos de Alta y Baja Verapaz con mayor número de casos.

Las niñas, adolescentes y mujeres enfrentan grandes escenarios de violencia, y aunado a ello, deben lidiar con problemáticas tales como la migración, explotación y trata de personas. Guatemala ha firmado y ratificado una serie de leyes, convenios, acuerdos a nivel internacional y nacional en materia de derechos humanos, en los cuales como nación se compromete en proteger y facilitar mecanismos para el acceso a la justicia a víctimas y/o sobrevivientes de violencia.  En el ejercicio de auditoria social realizado por MIRIAM, se identificaron importantes hallazgos en cuanto a la atención en las áreas educativa y psicológica; éstos fueron presentados en una actividad pública realizada en Quetzaltenango en el mes de noviembre de 2019.

Hallazgos del ejercicio de auditoria social sobre reparación digna y transformadora a adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia:

Área educativa auditada:

Ministerio de Educación –MINEDUC-

• Cuenta con una serie de normativas, rutas y protocolos para la prevención de la violencia en las escuelas, sin embargo, carece de servicios de atención psicológica para estudiantes que enfrentan situación de acoso o violencia.
• No cuenta con un registro de casos de violencia referidos a instituciones como el Ministerio de Salud y Asistencia Social –MSPAS-, el Ministerio de Desarrollo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
• Inexistencia de dirección de becas o prevención de la violencia.
• Inexistencia de programas de apoyo dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencia sexual.

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-

• Cuenta con subdirecciones para los programas de becas y transferencia condicionadas en el marco del proceso denominado “Mi bono seguro por violencia sexual”, y del “Programa social para la atención a niñas y adolescentes embarazadas o madres víctimas de violencia sexual de 14 años con casos judicializados”
• Tomó 5 años la implementación del programa social antes mencionado, el presupuesto de Q1,080,000 no tuvo ejecución en el 2017, mientras que en 2018 fueron otorgados 8 apoyos en Guatemala y Quetzaltenango.
• El programa se enfoca prioritariamente en la maternidad saludable y no en la reconstrucción del proyecto de vida o acceso a la educación de las adolescentes sobrevivientes de violencia.

Área psicológica auditada:

• Inexistencia de registros de atenciones brindadas por grupo etario, grupo étnico, situación de referencia.
• Ausencia de presupuesto específico para el área de psicología (MSPAS, Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP-).
• Únicamente la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- cuenta con un presupuesto y Plan Operativo Anual –POA- específico para la atención psicológica de sobrevivientes de violencia.
• Del total de 9,226 mujeres, adolescentes y niñas que sufrieron violaciones, violaciones agravadas y agresiones sexuales en el año 2017, solo 4,446 mujeres, adolescentes y niñas fueron atendidas por el MSPAS a nivel nacional
• De las 9,252 mujeres, adolescentes y niñas que denunciaron delitos que se contemplan en la Ley contra el Femicidio en la Ciudad de Guatemala y 2,307 en Quetzaltenango, el IDPP atendió a 2,636 en Guatemala (28%) y en Quetzaltenango 1,414 (61%).
• La cantidad de psicólogas contratadas a nivel nacional en el IDPP corresponde a 11, en la DEMI corresponde a 14, en el MSPAS se desconoce, esto resulta insuficiente considerando el gran número de víctimas y/o sobrevivientes atendidas el cual oscila en la DEMI de 1500 adolescentes y mujeres, mientras que en el IDPP 7,678.
• En todas las instituciones auditadas, las psicólogas registran las sesiones por medio de informes, hojas de seguimiento, test proyectivos o psicométricos. La frecuencia de la atención depende del caso individual y oscila entre atenciones quincenales a mensuales, las cuales se pueden extender a un año.

En conclusión, la reparación digna y transformadora de las mujeres que han sufrido de violencia, es deficiente y son muy pocas las sentencias otorgadas que garanticen la reparación del daño y otorguen la garantía de no repetición. Según entrevistas realizadas a personal de las distintas organizaciones auditadas, la reparación ha sido enfocada como una indemnización económica únicamente.

La violencia en cualquiera de sus formas impacta a nivel emocional, psicológico, social, educativo en las niñas, adolescentes y mujeres, afectando su proyecto de vida, su entorno familiar, comunitario y social. Es importante identificar las leyes que promueven la reparación digna y transformadora, velar por proyectos, programas, políticas públicas que brinden una atención integral a mujeres sobrevivientes de violencia garantizando su protección, restitución de sus derechos fundamentales como la salud, desarrollo, educación, seguridad y libertad, para crear ambientes, contextos, comunidades y sociedades más seguras para las niñas, adolescentes y mujeres.