Mujeres Invisibles
Por Patricia Macías
En Guatemala, sólo el año pasado 660 mujeres fueron asesinadas, 112 más que en 2012. Una realidad aterradora con la que se convive a diario. Pero la violencia contra la mujer no se concentra solo en cifras como esta, sino que se da de muchas maneras diferentes y que a menudo se pasan por alto: violaciones, embarazos no deseados, desamparo legal de las víctimas, discriminación laboral, maltrato psicológico, agresiones verbales por la calle, dependencia económica o acoso sexual, forman parte de una larga lista de agresiones.
Impunidad, negligencia y corrupción, junto a la ineficacia en la aplicación de las leyes que protegen a la mujer son factores clave que alimentan esta situación. El marco legal en Guatemala ha sufrido grandes cambios en los últimos años. Desde 1996 el único instrumento legal con el que se contaba era la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar”, pero esta ley, como su propio nombre indica, solo amparaba a las víctimas de violencia intrafamiliar, obviando por completo a las víctimas de violencia sexual, entre otras. La ley contra el Feminicidio, aprobada en 2008, tiene como objeto formal “garantizar la vida, libertad, integridad, dignidad e igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos”. Es en este momento cuando ya se habla de violencia en casi todas sus formas, incluyendo el ámbito público. Posteriormente la “Ley contra la trata de personas”, completa el círculo legal dando cobertura a la explotación sexual e incluyendo ya a la niñez. Más recientemente la “Ley de planificación familiar” fue aprobada tras la lucha feroz de organizaciones y asociaciones de mujeres, y fue casi de la mano con la “Ley de maternidad saludable”, ambas siguiendo un foco de atención adolescente. Como vemos, las herramientas legales han ido aumentando en los últimos 10 años, pero la pregunta es ¿Son realmente eficaces en la práctica? El escaso número de denuncias en comparación con el alto número de víctimas, demuestra que no.
La Asociación de Desarrollo de la Mujer K’ak’a Na’oj “ADEMKAN”, es una organización que trabaja en el departamento de Sololá, una de sus misiones es brindar apoyo, moral y legal, a las víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. Silvia Menchú, coordinadora de la Asociación comentaba “Es necesario crear alianzas estratégicas, política y judicialmente, que faciliten la negociación por la defensa de las mujeres. Necesitamos entrar en el juego para poder conseguir algo, aunque sea mínimo”. Si los instrumentos legales fueran realmente eficaces, la labor de asociaciones como “ADEMKAN” no sería necesaria. Pero la mujer que ha sido víctima de un abuso o maltrato, cuando piensa en denunciar choca con un sistema rígido y patriarcal, un monstruo administrativo que las asusta y en consecuencia espanta. Víctimas que además desconocen el funcionamiento del sistema y cargan a sus espaldas con un estigma social que las somete sin razón. Mujeres que por lo tanto no son consideradas “sujetas” de derecho, y se encuentran desamparadas por el Estado. Cuando el camino de la denuncia se bloquea, la terapia psicológica aparece como fundamental, grupos de apoyo que empoderen a la víctima y la preparen para el duro proceso legal que la espera.
Derechos básicos como la educación y la salud no están al alcance de todos los guatemaltecos. Y son estos ejes básicos en el origen de ciertos tipos de violencia. Eunice Ramírez, trabaja en “GOJoven” en el área de educación sexual y reproductiva, y para ella uno de sus mayores problemas “es el tema de salud, porque no hay un marco que de claridad en temas de violencia sexual, porque estamos hablando de que las mujeres no pueden optar a un método de planificación familiar y están condenadas a tener todos los hijos que puedan tener, a que las y los adolescentes no puedan tener autonomía sobre su sexualidad, que no puedan tener educación integral en sexualidad y que las instancias no estén enfocadas en cual debe ser la ruta crítica de atención a las víctimas de agresiones sexuales”.
El observatorio de Salud reproductiva OSAR realiza desde el 2009 un recuento de todos los partos atendidos en la red de servicio de salud en menores de 14 años, ya que estos están catalogados como delito, identificando por ejemplo en el año 2009, 40.000 partos atendidos en niñas de 10 a 14 años, subiendo en 2010 a 54.000. Embarazos que son consecuencia directa de violencia sexual. El OSAR identifica como un factor clave que las mujeres que tienen más riesgo de sufrir violencia son aquellas que sufren la falta de escolaridad “niñas que quieren seguir estudiando, pero que no tienen los recursos para hacerlo”. Este factor económico es también clave durante el proceso de denuncia, ya que muchas víctimas no pueden seguir adelante por el costo económico y la dificultades para trasladarse a sus cabeceras departamentales, donde los organismos oficiales que deben atenderlas se localizan. Telma Suchi, trabajadora en el observatorio denuncia que “Aunque se empiece a denunciar, las instituciones de gobierno no están preparadas para dar una respuesta de calidad”. Incluir a la mujer con una participación activa en lugares estratégicos de toma de decisiones “una mujer que tiene acceso a la educación tiene una mejor calidad de vida y esto les dará a sus hijos una oportunidad mejor” “mujeres con un puesto clave en alguna institución, nos dan la pauta para seguir el proceso de otorgamiento de becas a niñas y jóvenes que no pueden de otra forma acceder a una educación superior”. La población de Guatemala la conforman un 51% de mujeres y un 49% de hombres, pero la presencia femenina en puestos de poder no alcanza estos porcentajes ni de lejos, dejando a una de las poblaciones más vulnerables fuera del proceso de toma de decisiones.
¿Imprescindibles? Sensibilización, para dar visibilidad a las víctimas así como creacción de una ruta crítica realmente eficaz y por supuesto educación, educar niñas y niños en igualdad. Empoderar mujeres de futuro que reconozcan sus derechos y diferencien los tipos de violencia que se ejerce sobre ellas. Y educar a los hombres del futuro en una cultura de respeto que comienza en casa, continúa en la calle y finaliza en la escuela. Mientras tanto, y gracias al incansable trabajo de personas como Eunice, Telma o Silvia, se van dando pequeños pasos pero firmes por derribar estos muros de impunidad que desgraciadamente son aún una realidad en Guatemala.
