Desastres Naturales: Estado cuestionado
Por: Felipe Sarti Castañeda
Durante los últimos 21 años, es decir, con el inicio del nuevo siglo, Guatemala ha sido azotada por varios desastres naturales como los que estamos viviendo actualmente, que se suman a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Somos un país vulnerable a este tipo de fenómenos agravados por el cambio climático, ya que históricamente el Estado no ha querido ni ha podido impulsar políticas de prevención, concientización y educación, a fin de que las instancias gubernamentales vinculadas asuman una respuesta eficiente ante la gravedad de los daños provocados por este tipo de tragedias y disminuir, en la medida de lo posible, los daños materiales, así como las problemáticas físicas y psicológicas producidas.
Durante estos hechos, hemos podido constatar que la primera respuesta y más importante ante la ausencia estatal y municipal, proviene de las propias poblaciones por medio de sus diferentes formas de organización, que les permite brindarse una ayuda mutua de mucho valor emocional en esas primeras horas post-tragedia. Personalmente, junto con otros compañeros y compañeras del Ecap, hemos tenido la oportunidad de brindar un primer apoyo psicosocial a las comunidades afectadas, experiencias que para cada uno/a y la institución han sido duras emocionalmente, pero al mismo tiempo hemos aprendido mucho desde las respuestas organizadas de las personas afectadas.
El Equipo Comunitario de Acción Social (Ecap) se fundó en 1997, con el propósito de brindar apoyo emocional a las poblaciones víctimas y sobrevivientes del terror contrainsurgente ejecutado por el ejército y sus grupos paramilitares contra la población civil, especialmente del interior del país. También comenzamos a apoyar a las personas víctimas y sobrevivientes de situaciones de desastres naturales, ya que consideramos que también han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos. Parte de nuestro trabajo también ha estado enfocado a los casos llamados de justicia transicional, en los cuales se han señalado y condenado a altos mandos del ejército nacional, entre los que se encuentran la Masacre de Dos Erres, el Genocidio Ixchil, Caso Molina Theissen, Caso Sepur Zarco, Río Negro y Plan de Sánchez. De estos, tres fueron juzgados y sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Plan de Sánchez, Masacre de dos Erres y Río Negro, habiendo sido condenado en los tres el Estado guatemalteco. También abordamos otras problemáticas estructurales como la violencia de género, las migraciones, los desalojos violentos, la lucha contra los megaproyectos extractivistas.
Este conjunto de experiencias de aporte y aprendizaje nos ha convertido en un referente nacional en el ámbito psicosocial, lo cual no hubiera sido posible sin la contribución de las bases comunitarias de nuestro país, quienes desde sus diferentes cosmovisiones tienen claro el camino en la búsqueda del buen vivir. El Ecap está conformado por mujeres y hombres de diferentes grupos étnicos, con formación profesional en psicología social y promotoras y promotores en salud mental comunitaria, derechos humanos y lucha por el territorio. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo una psicología liberadora y al servicio de nuestros pueblos.
He estado presente en el deslave de Panabaj, Santiago Atitlán, la tormenta Ágatha en la costa sur y el alud de Cambray en Santa Catarina Pinula. Estas tres experiencias me permiten las siguientes observaciones:
- La Conred es una institución del Estado que funciona de manera vertical y autoritaria, donde la toma de decisiones viene desde el Ejército Nacional, el cual impone medidas sin tomar en cuenta muchas opiniones de otras instancias que participan en ella y mucho menos escuchar la opinión de los y las damnificados/as.
- Durante estas tres tragedias y otras a las que he podido seguir el curso, el apoyo psicológico brindado por el Estado, las universidades y otras instituciones, no ha tenido la coordinación adecuada para brindar una mejor atención a quienes están emocionalmente necesitados/as. Muchas de las actuaciones han sido dispersas, debilitándolas e impidiéndoles convertirse en respuestas adecuadas a la problemática de salud mental que se está manifestando.
- Diversas intervenciones han sido orientadas desde una psicología clínica occidental, centrada en el o la paciente y buscadora de patologías, en lugar de proponer soluciones grupal-comunitarias, donde las personas puedan expresarse libremente para compartir su estado emocional, brindarse apoyo mutuo y buscar soluciones por sí mismos/as.
- Durante los eventos aludidos también observamos que el sector salud local, en el nivel de atención primaria, no tenía la capacidad y herramientas adecuadas para atender problemáticas psicosociales derivadas de desastres naturales. Desafortunadamente, esta situación permanece igual al día de hoy, ya que tenemos un sistema de salud público débil y permeado por la corrupción interna, que es otro de los males del mismo.
Escribo este artículo haciendo un llamado al sector salud en general, las universidades y las instituciones, públicas y privadas, para iniciar procesos de diálogo y reflexión que nos permitan, de manera autocrítica, identificar las buenas y malas prácticas llevadas a cabo durante estos eventos. La idea central sería conformar, de manera permanente, una alianza psicosocial como respuesta a las problemáticas de salud mental producidas por estos hechos. Esta propuesta solo pretende enriquecer el quehacer psicosocial que se ha ido construyendo desde hace muchos años, incorporando el saber comunitario a través de sus prácticas y creencias religiosas y culturales para aplicar una solución integral, con una visión más colectiva, donde prevalezca el buen vivir. Considero que construir una respuesta colectiva es un proceso complejo, ya que la mayoría de nosotros y nosotras hemos tenido prácticas muy individuales, en las cuales no tomamos en cuenta el contexto sociopolítico de nuestro país, impidiendo brindar soluciones eficaces y eficientes que respondan a las realidades de las poblaciones.
Espero que este escrito genere una reflexión y una acción práctica, ya que las predicciones científicas nos permiten conocer que estos desastres continuarán en el futuro. Varias personas, profesionales y comunitarias, hemos llegado a la conclusión de que estos eventos representan graves violaciones a los derechos humanos de las personas, familias y comunidades afectadas, por lo cual urge una respuesta desde el Estado como primer responsable de la vigencia de los derechos fundamentales de la población guatemalteca. Si esto no se produce, podríamos decir, sin ser expertos legales, que el Estado podría ser juzgado en los tribunales de justicia.
Felipe Sarti Castañeda es Psicólogo social comunitario graduado de la USAC. Ha trabajado en Nicaragua y Guatemala en proceso de apoyo psicosocial, memoria desde las poblaciones, construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la organización comunitaria y casos de justicia transicional en Guatemala. Es fundador de Ecap.
El artículo anterior fue publicado originalmente en gaZeta, un medio de comunicación digital amplio y abierto a todas las opiniones y criterios, laico y apartidario, producido y realizado sin fines de lucro. Puede dirigirse al siguiente link: https://gazeta.gt/desastres-naturales-estado-cuestionado/ para leer la publicación original del artículo.
Imagen: Johan Ordoñez
