Despojo de tierras ancestrales: El caso de la comunidad Maya Q’eqchi’ Cataljí

*Por Cesar Bol

En Guatemala, como en muchos otros países del mundo que han sido invadidos y colonizados, no se han tomado en cuenta a los Pueblos Indígenas como parte del desarrollo, y más bien se han tomado acciones y hasta se han creado leyes para legitimar el despojo de tierras y recursos naturales. Algunos líderes o lideresas que se pronuncian de las injusticias son perseguidos y encarcelados por delitos que nunca han cometido.  Muchas de las comunidades que reclaman las tierras y a quienes muchas veces se les acusa de invadir territorio con la excusa de ser desalojados son familias que han trabajado durante años y por generaciones por estas tierras. Éste es el caso de la comunidad Cataljí, que se encuentra ubicada en el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz.

Cataljí está conformada por cuarenta familias de ascendencia Maya Q´eqchí, que viven en condiciones de extrema pobreza sin acceso de agua entubada ni servicio de energía eléctrica. En la actualidad se dedican a las labores agrícolas, principalmente al cultivo de maíz y frijol y durante otros meses del año los hombres migran en las fincas de monocultivos para realizar trabajos como jornaleros. Algunos jóvenes que logran terminar sus estudios en el nivel primario son contratados como agentes de seguridad en la ciudad capital. Algunas mujeres jóvenes también migran temporalmente en la ciudad de Cobán o la capital para realizar trabajos en casa.

Hasta el año de 1965, las familias de la comunidad Cataljí habían contado con la posesión histórica sobre sus tierras, y no habían tenido la necesidad de inscribirlas en el Registro General de la propiedad. En ese año, llegó a la comunidad una persona que se identificó con el nombre Manuel Reyes, y bajo diferentes engaños convirtió a todos los hombres y mujeres de Cataljí como sus trabajadores para el cultivo de caña, quienes nunca fueron remunerados por su trabajo de ninguna forma.

En 1985, debido al conflicto armado interno, dichas familias tuvieron que desplazarse a otro lugar para sobrevivir a la represión del ejército. En el libro Rupturas, reconstrucción y continuidad en cinco comunidades q’eqchi’: Las mujeres y el acceso a la tierra, se menciona que en Cataljí, se había organizado un Comité de Tierras con el propósito de gestionar la propiedad de la tierra que hasta ese momento tenían en posesión: “Preparando el comité estaban cuando vino la violencia» mencionó uno de los entrevistados.

Cuando éstos volvieron en sus tierras en el año 1983, se encontraron con la noticia de que el señor German Wasseen, había vendido sus tierras al Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, ya que Cataljí está asentada en un área de bosques nubosos donde es posible observar el Quetzal y otros animales como venados, saraguates y gran variedad de aves y plantas. Sin embargo, ellos pudieron reconstruir sus casas y sembrar nuevamente sus cultivos. Al paso de los años, en 1993, el INGUAT notificó a las familias que era dueña de una gran extensión de la finca (4 caballerías) y que les otorgaría un permiso temporal de permanencia quedando prohibido el corte de árboles grandes.

Del 2014 al 2017, la comunidad buscó instituciones que brindaran acompañamiento a comunidades Indígenas, y demostrar así su posesión histórica. Sin otra alternativa, solicitaron a la Secretaría de Asuntos Agrarios el acompañamiento, y así mismo, se involucraron al caso la Comisión Presidencial de Diálogo, INGUAT y CONAP (vale la pena anotar que todas son instancias de gobierno) logrando así que una comisión hiciera una visita de campo.

Los pobladores más ancianos de la comunidad presentaron copias de sus cédulas de vecindad, donde constaba que habían nacido en dichas tierras, haber nacido en dichas tierras, pero esto no fue tomado en cuenta. Muy triste y decepcionante fue para los comunitarios, que luego de la visita, las instituciones gubernamentales concluyeron en que la conservación del bosque es muy importante, las tierras de la comunidad deben de declararse como un centro de reproducción y santuario del quetzal, dejando a los habitantes a la deriva.

Con profundo pesar, las familias se dieron cuenta de que el actuar de la Secretaria de Asuntos Agrarios, se basa en los documentos que presentaron los abogados de las instituciones gubernamentales; y nunca tomaron en serio el testimonio de las familias de la posesión histórica. La comunidad no está en desacuerdo con la conservación de los bosques, pero en ningún momento tampoco se presentó alguna propuesta de reubicación para las familias en otras tierras.

*Cesar Bol escribió este artículo con el testimonio de comunitarios y documentos archivados por la comunidad de Cataljí.

Foto con fines ilustrativos: En algún lugar de Alta Verapaz, por Nelson Cetino.