Sin respuesta para dignificar labor

Shirlie Rodríguez

Fotos: tomadas de Plaza Pública

Horarios sin regulación, salarios precarios y condiciones de inseguridad son aspectos que viven a diario las mujeres en su mayoría y hombres que dedican su vida al trabajo en viviendas.

A pesar de que más de 32 mil personas se dedican a trabajar en viviendas, el Gobierno de Guatemala ignora la ratificación del Convenio 189 que establece derechos y principios básicos para el trabajo doméstico decente. Este plantea que las trabajadoras en casas particulares ya no tienen que estar inmersas en condiciones laborales de trabajo forzoso, como también establece su protección que incluye: descansos, compensación de trabajo extraordinario y vacaciones. Por más de 10 años los gobiernos han evitado dar atención al tema.

El Código de Trabajo guatemalteco indica que el trabajo doméstico es un régimen especial como los trabajos agrícolas, el trabajo a domicilio y otros. Hasta el 16 de diciembre de 2022 el salario para estas actividades era de Q3,075.10 mensuales, pero las trabajadoras en viviendas no reciben esta cantidad.

Los reportes de organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las trabajadoras del hogar, indican que los salarios los reciben a destiempo, sin garantías para que sea un ingreso constante y mensual o llegan a pagarles con ropa, alimentos u objetos.

La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y Maquila (Atrahdom), reporta que las mujeres que realizan este trabajo están expuestas a tratos inhumanos, ya que han dado seguimiento a casos en los que las trabajadoras no podían salir de la vivienda en donde trabajaban y se mantenían todo el día en el lugar.

El Código de Trabajo reconoce 10 horas de descanso diarias, también descansos durante fines de semana y además vacaciones remuneradas, pero esto no se refleja en la realidad.

Maritza Velásquez, coordinadora Atrahdom, mencionó que este es uno de los empleos que más reporta vulneración a los derechos laborales y hasta humanos, por las condiciones en que muchas de las mujeres trabajan y los tratos que reciben de los empleadores. Esta entidad ha dado seguimiento y acompañamiento legal a casos contra los empleadores por la falta de cumplimiento de pagos, pero también por casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Foto: Plaza Pública

En la organización Atrahdom, algunos de los casos que llevaron hasta los tribunales de justicia o juzgados laborales, han servido para que otras mujeres además de ganar sus casos, también sean quienes den acompañamiento a otras afectadas por este tipo de maltratos.

El Instituto Guatemalteco de seguridad Social (IGSS), tiene un sistema que busca proteger a este sector de trabajadoras, pero es un número mínimo de empleadores que realizan el pago para la protección que brinda la entidad.

En el país hay más de 320 mil personas que se dedican al servicio doméstico. Solo están registradas 324 en el Programa especial de protección a las trabajadoras de casa particular (Precapi), según datos del 2021.

Este rubro es el equivalente a un pago de Q321.54 trimestrales, pero la mayoría de las trabajadoras de casa particular no cuentan con esta cobertura.

A pesar de las condiciones precarias para ejercer este oficio, en el Congreso de la República se quedó estancado el convenio que buscaría que el Estado guatemalteco garantice mejores condiciones de vida y laborales para este sector de la población. Las edades de quienes realizan este trabajo oscilan entre los 45 y 65 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y por lo tanto las organizaciones buscan que tengan seguridad social para cuando ya no puedan continuar con su trabajo.

Shirlie Rodríguez es periodista, becaria de la IWMF Periodismo Más Incluyente, la Fundación Gabo por periodismo de Soluciones y parte de la Red LATAM de periodistas jóvenes de Distintas Latitudes. Cofundadora del Proyecto Aliadas, una iniciativa de periodismo local.