Mujeres y uso de la tierra en Guatemala: un problema antiguo, todavía sin solución
Por Fabio Cresto Aleína
“La tierra no es sólo el pedazo donde vivimos y sembramos. La tierra es nuestra madre porque nos da de comer, nos da todo lo que necesitamos como el agua que cae del cielo y se guarda en ella; hace crecer los árboles y por eso tenemos aire. […] nosotros como pueblo, como cultura, no podemos existir si no estamos pegados a la tierra donde nacimos; la tierra, el territorio nos une, es parte y fuente de nuestra cultura y aquí en nuestra tierra resistimos las imposiciones por todos estos siglos”.
Guadalupe García, mujer Maya Mam y activista social, entrevista del 2013, desde el estudio “Las mujeres y la tierra en Guatemala: entre el colonialismo y el mercado neoliberal”, de Ana Patricia Castillo Huertas.
La tierra y los recursos naturales constituyen una parte fundamental de los derechos básicos para las poblaciones rurales de todo el mundo. En Guatemala, después de la colonización de los españoles en el XVI siglo, las poblaciones indígenas tuvieron siempre menor acceso a la tierra y las mujeres, en particular, fueron de las poblaciones más afectadas.
Irene Velásquez, encargada de Género y Equidad en el Instituto Nacional de Bosques (INAB), dice al respecto de esta situación: “Las mujeres siguen presentando una brecha de acceso a la tierra, debido a que el sistema patriarcal y su pensamiento enraizado desde la época de la colonia no permite que las mujeres, por el hecho de ser mujeres puedan manejar la tierra”. Sin embargo, cuando ellas tuvieron la posibilidad de tener acceso a la tierra, demostraron que podían participar con ideas creativas en la toma de decisiones en el uso y manejo de los recursos naturales. La participación de mujeres ha demostrado siempre una ventaja para las comunidades y para el desarrollo del país. Según datos del Fondo de Tierras, institución descentralizada del Estado que tiene entre sus objetivos promover la inclusión formal de las mujeres como propietarias de tierras, durante el período de 1998 a 2014, se ha beneficiado a 2,225 mujeres (10.7%) y 18,438 (89.3%) hombres con incentivos estatales, lo que refleja la asimetría en el otorgamiento de créditos para la compra de fincas por medio del mercado de tierras, teniendo aún poco impacto en beneficio de las mujeres.
Instituciones de gobierno como el Instituto nacional de Bosques INAB, aún no tienen competencia directa en el problema agrario y en la distribución de la tierra. A través del Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de tierras de vocación forestal o agroforestal (PINPEP) se promueve que las mujeres tengan acceso a la administración de los recursos forestales. Irene Velásquez explica: “Una de las acciones positivas para promover la participación de las mujeres en el acceso a incentivos forestales, ha sido la implementación del PINPEP, el cual establece que se debe fomentar y priorizar la participación de grupos de mujeres; esto ha permitido que las mujeres se vean implicadas en el manejo de los recursos forestales”. El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) tenía hasta el 2006 un porcentaje de participación de mujeres en el sector forestal del 15%, extremadamente baja si se compara con el 25% de proyectos colectivos y, sobre todo, al 60% de proyectos liderados por hombres. Ella continúa: “A partir del 2007 la participación de las mujeres incrementó, llegando a alcanzar el 36% de mujeres que son beneficiarias directas del PINPEP”. En particular, una de las experiencias más notables y exitosas en este ámbito fue la incentivación, la asistencia y la capacitación de 288 mujeres organizadas en el 2015 en San Miguel Sigüillá dentro de un proyecto comunitario, proyecto que aún sigue dando buenos resultados para ellas. Esta experiencia ganó el Premio Forestal en la Categoría de Proyectos Energéticos en el 2017. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) está promoviendo la incorporación del enfoque de género en los instrumentos que rigen las actividades del Consejo, por ejemplo “en los lineamientos técnicos para la elaboración de planes maestros que es el documento matriz para diseñar programas y proyectos que benefician a hombres y mujeres”, menciona Marina Leticia López, encargada de la unidad de género del CONAP.
Existen otras iniciativas exitosas que demuestran la voluntad en algunas instituciones de gobierno para apoyar esfuerzos para mejorar la participación de las mujeres en los diferentes sectores de uso de la tierra. La información generada por INAB u otras instituciones sobre la tenencia de la tierra, (en parte gracias a los esfuerzos de personas como Irene, Marina y de sus colegas en las instituciones de gobierno), está desagregada por género y se pueden localizar así y de forma más fácil los problemas conectados a la desigualdad de género. Gracias a este tipo de información, las instituciones del país pueden elaborar metas concretas para mejorar la situación en sus planes estratégicos. Esto está siendo implementado, precisamente gracias a este tipo de información en la actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), un compromiso de país en frente a la comunidad internacional que representa la actualización de los acuerdos de París del 2015. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) está liderando la elaboración de una nueva política ambiental nacional en tema de adaptación y mitigación al cambio climático que tome en cuenta consideraciones de género y de pueblos indígena. Irene y Marina, junto a sus colegas en las instituciones fue involucrada en el proceso de elaboración de metas, brindando insumos fundamentales para explicitar estas consideraciones que serán presentadas por Guatemala en la próxima COP26 a Glasgow.
Sin embargo, la situación sigue difícil en el país. Incentivos como PINPEP no pueden contar con certeza jurídica y sin ella “no se puede avanzar en la recuperación de masa boscosa. Muchas veces los presupuestos [de las instituciones] no alcanzan y hay falta de personal de campo para mejorar las intervenciones. Considero que cualquier instrumento de política pública debería de ser actualizado cada cierto tiempo para ir cubriendo los vacíos encontrados y mejorar la situación” afirma Irene Velásquez. Marina Leticia López de CONAP se une con sus preocupaciones: “Este año en particular se vieron amenazas para el futuro de las mujeres: el gobierno actual en su nuevo gabinete no priorizó la contracción de mujeres en puestos claves. Además, por más de un año no se nombró a la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) que es el ente rector de una Política Publica que promueve el desarrollo integral de la mujer y un plan de equidad de oportunidades”. Se rumora que la SEPREM podría incluso ser cerrada y esto tuvo repercusiones en algunas instituciones del Estado, que dejaron al margen a varias unidades de género del ejecutivo. El cambio climático, además, es una amenaza terrible particularmente para grupos vulnerables como las mujeres, que no tienen acceso al manejo ni a la distribución de los recursos. En particular esta amenaza afecta las mujeres indígenas que ven amenazadas las fuentes tradicionales para la adquisición de comida, medicina y agua.
El futuro del rol de las mujeres en el sector forestal y en uso de la tierra depende de la resolución de la problemática agraria y de la renovación de sistemas como PINPEP. La redistribución de la tierra (en particular entre los Pueblos Indígenas, dueños y dueñas ancestrales de la tierra) y de los recursos es vital para garantizar la disminución de la vulnerabilidad y para garantizar la equidad en el uso de estos recursos.
Foto de portada por Katheleen Hertle
