Los salarios de la desigualdad
Por María Longo
El salario mínimo establecido para la población de Guatemala es insuficiente, no alcanza para cubrir la canasta básica, mientras funcionarios y empleados públicos tienen sueldos exorbitantes.
Para el 2023 el Gobierno de Guatemala estableció un salario mínimo en el sector no agrícola de Q3,416.38 en el departamento de Guatemala y para el resto del país será de Q3,327.56; en ambos casos el pago es menor al costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que hasta octubre de 2022 era de Q.3,633.85.
Con un salario mínimo es imposible comprar los 34 productos indispensables de la CBA para un hogar de 4.7 integrantes. Aún con dos salarios mínimos, es ilusorio adquirir los productos de la Canasta Ampliada (CA) que hasta el 2022 tenía un costo de Q.8,390.33.
El costo de la CA incluye alimentación, vestuario, vivienda, salud, comunicaciones, transporte, recreación y cultura, educación, restaurantes, hoteles, bienes y servicios diversos.
Para las personas que trabajan en el sector agrícola, es aún más difícil tener lo indispensable, el salario mínimo es de Q3,323.60 en el departamento de Guatemala y Q3,237.53 en los otros departamentos. La misma dificultad enfrentan quienes trabajan en maquilas y exportadoras, para ellas el salario mínimo es de Q3,143.54 en el departamento de Guatemala y Q3,062.63 en el resto del país.
Mientras muchas personas se las ingenian para sobrevivir con el salario mínimo: suprimen tiempos de comida, reducen el consumo de carne, tienen dos empleos, comen menos y trabajan más; funcionarios y empleados del Gobierno de Guatemala reciben salarios exagerados. En diciembre de 2022 los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dieron un aumento salarial de Q32 mil, la actual presidenta de la corte, Silvia Valdez, pasará de ganar Q46,800 a Q79, 000 mensuales.
Un trabajador que gane el salario mínimo, necesitaría más de 3 años para reunir lo que ganan los funcionarios de Guatemala en un mes. El presidente, Alejandro Giammattei, obtiene Q148,838 mensuales; el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, Q121,550, el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, al menos Q101 mil.
El informe, “Bajan los salarios, crece la desigualdad: el impacto de las diferencias salariales en los hogares”, presentado por OXFAM en el 2016, explica que tanto en los países ricos como en desarrollo, los salarios constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares y las personas.
“En sociedades de todo el mundo la desigualdad está alcanzando límites intolerables, y las diferencias entre los salarios más altos y los más bajos tienen gran parte de responsabilidad. La brecha salarial aumenta y afecta a las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, especialmente de los más pobres y vulnerables, que no cuentan con salarios suficientes para cubrir sus necesidades. En una gran mayoría de países de todo el mundo la desigualdad ha alcanzado límites intolerables, debilitando la lucha contra la pobreza, socavando el dinamismo y la sostenibilidad del crecimiento económico, y limitando enormemente las oportunidades de prosperidad de las sociedades. Aunque en los últimos 25 años la renta a nivel global se ha doblado, ha sido el 10% de las personas más ricas las que han sacado mayor provecho de estas oportunidades, beneficiándose de casi la mitad de este incremento”, señala el informe.
La desigualdad en salarios también atraviesa el género, en Guatemala existe una diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres. El estudio presentado en el 2021, «Mujeres trabajadoras en Guatemala», producido por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), junto a la Unión Europea; presenta como resultado de la investigación que con un ingreso promedio de Q2,252 para las mujeres ocupadas, hay una brecha de 8 % respecto al promedio nacional y de 12 % respecto a los hombres. Por categoría ocupacional, la mayor brecha se observa en empleador agrícola tanto por sexo como nacional, con brechas importantes en las categorías de jornalero y cuenta propia agrícola y no agrícola. Las brechas más bajas están en los empleos del sector público.