Comercio Justo y Política Social
Para hablar de comercio justo, hay que debatir sobre la desigualdad. Según el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, América Latina es la segunda región más desigual del planeta. En este contexto, es importante ubicar variables que permitan explicar los altos niveles de desigualdad y pobreza; en dicho sentido, esta propuesta posiciona el ingreso para hacerlo.
El debate sobre el ingreso de la persona y de las familias no es nuevo en nuestra región; ha sido discutido en el seno del Banco Mundial desde 1998. Caetano y de Armas, profesores de CLACSO refrescan el debate desde el 2015 debido a la gran contradicción entre la oferta y la demanda que crecen en un mundo globalizado a diferencia del ingreso de las mayorías en América Latina.
No se trata entonces de que la población latinoamericana no sea productiva, sino que el ingreso sigue siendo mal distribuido. Vale la pena preguntar entonces ¿qué posición tiene el sujeto en la sociedad latinoamericana actual regida por un sistema neoliberal? Laura Tavares, profesora de FLACSO-Brasil compartía recientemente en una conferencia, que, para hablar de ingresos en América Latina, es imperante incluir el debate de política social para ampliar la discusión.
Esta afirmación abre la puerta a dudas metódicas y temas que pueden contextualizarse, como la forma de comerciar. Sobre esta cuestión es donde tiene cabida el comercio justo, que es entendido como el mecanismo capaz de ofrecer mejores condiciones a productores locales apegados a la equidad y a la justicia, abriendo el camino para garantizar prácticas y precios justos, erradicar explotación, entre tantas otras ventajas. No obstante, el comercio justo no es el total responsable de los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arduo trabajo para garantizar un comercio que verdaderamente dignifique al sujeto presenta un reto histórico muy simple: el mercado, el cual ha sido perversamente configurado para la oferta y la demanda y para procurar altas ganancias sin contemplar los derechos sociales.
En ese tenor, la meta histórica radica en que paralelamente a la lucha por las condiciones justas de comercio, se luche por una política social universal que atienda de manera urgente y directa la pobreza multidimensional en Guatemala. Tavares, defiende que “así como la exclusión social no puede medirse solo por el ingreso monetario de las personas, siendo necesaria la incorporación de otros elementos como el acceso a servicios y bienes públicos sociales, la inclusión social implica un conjunto de acciones más amplio que solo garantizar ingresos en un mercado”. A la luz de esta tesis, el intercambio de mercancía basada en principios rectores debe ser valorado e impulsado, pero será insuficiente en tanto las luchas no evidencien la ausencia de condiciones sociales en donde el responsable es el Estado.
Es indiscutible que el comercio justo en el país ha rescatado de malas prácticas y beneficiado a miles de artesanos, cooperativas cafetaleras, familias agricultoras, mujeres organizadas y asociaciones, en acompañamiento de organizaciones sin fines de lucro y organismos internacionales para la transferencia de conocimientos y fortalecimiento de las capacidades instaladas. Apoyándome en las tesis de los profesores citados mi propuesta es sencilla: la lucha por la mejor distribución del ingreso es permanente; no obstante, repetir la misma fórmula sin comprometer las agendas públicas (servicios públicos, salud, educación, empleo digno, seguridad, recreación, vivienda, resolución de conflictos, por mencionar algunos) es asignarle al mercado una responsabilidad de desarrollo integral que jamás va cumplir por sí sólo. Es preciso entonces, que todos incidamos por la integralidad.
Lucia Muñoz Argueta, amante de las luchas, Internacionalista y Antropóloga Social. También es Investigadora, Profesora y Fundadora de ACD Guatemala.
Grupo de mujeres organizadas. Foto de Portada: ACD Guatemala