«La Cuarta Invasión» – La crisis de agua en Guatemala
Foto de portada: La Marcha por el Agua llega a la plaza de la constitución de Ciudad de Guatemala el pasado 22 de abril de 2016. Foto por: Patricia Macías
Por Richard Brown
Miles de personas de toda Guatemala, en su mayoría indígenas procedentes de comunidades rurales, hombres y mujeres cuya forma de vida depende de los pequeños cultivos, llegaron el 22 de abril, Día de la Tierra, a Ciudad de Guatemala para denunciar el aumento de la contaminación y el uso indebido del agua, la inseguridad alimentaria y la desigualdad en el acceso al agua y la tierra.
La Marcha por el Agua fue un evento nacional ya que por todo el país, líderes comunitarios están siendo encarcelados y en ocasiones asesinados por denunciar minas, hidroeléctricas y plantaciones que amenazan sus comunidades, su territorio, el agua y su modo de vida.
(Vea video de la marcha aquí.)
Una de las vertientes de la marcha cubrió la costa sur de Guatemala, donde una vez hubo sabanas tropicales, manglares y junglas tan verdes y diversas como las del Yucatán, pero que actualmente han sido casi completamente transformadas. Los monocultivos de palma africana, caña de azúcar, banano y hule dominan hoy en día la región. Se exporta la mayoría de lo que producen.
Las grandes plantaciones en la región a menudo desvían ríos enteros. Basilio López, agricultor y líder comunitario de Chiquirines, cerca de Coatepeque, nos contó que hace 15 años cultivaban la milpa tres veces al año en esa área y que un pescador podía cómodamente mantener a su familia. Hoy, se cultiva la milpa sólo una vez al año y los ríos contaminados y casi sin agua hacen imposible la pesca comercial. Cerca de allí una plantación de palma africana tiene una bomba extractora (abajo) que cuando es activada saca tanta agua del río Pacayá, que fue una vez uno de los más abundantes de la región, que después de la bomba, el cauce del río corre hacia arriba en vez de seguir su curso natural hacia abajo, hacia el océano.
Bomba extractora del grupo Hame en el río Pacayá, abril 2016. Foto por Patricia Macías
En el verano, acuíferos y ríos se secan. López explicó que cerca de las plantaciones “Hacen todas las tapas, y acaparan todo el agua, y lo desvían a sus cultivos… y para nosotros, nada.” En invierno, “Nos echan el agua, porque ya no lo utilizan. Lo botan al río y nos causan inundaciones… Me opongo porque realmente ellos están violando el derecho a la vida, a la alimentación… no podemos producir, y lo peor es que ellos acaparan la mejor tierra.”
(Vea el video sobre la crisis de agua en Chiquirines, incluso de la bomba en operación, aquí.)
Las inundaciones de aguas residuales de las plantaciones contaminan ríos y cultivos con pesticidas y otros químicos. Cuando una balsa con estas aguas contaminadas se rompió en una plantación de palma Africana en el departamento de Petén en junio de 2015, peces, anguilas, cangrejos y tortugas muertas aparecieron en la superficie del río La Pasión por más de 150km.
Los manifestantes en la marcha hablaron a menudo de cómo un número reducido de propietarios y corporaciones los están condenando a la escasez de agua y tierra y por lo tanto a la pobreza. En la última década se ha podido ver un aumento en la extensión de minas, hidroeléctricas y plantaciones, a la vez que los indicadores de pobreza han aumentado rápidamente.
La Marcha por el Agua pasa por la Costa Sur en el departamento de Quetzaltenango. Foto por Patricia Macías
Datos de la Organización de los Estados Americanos (OES) muestran que el índice de pobreza de Guatemala ha aumentado de un 54.8% en 2006 a un 67.7% en 2014, mientras que la tasa de pobreza extrema aumentó de un 29.1% a un 46.1%. El 49% de los niños guatemaltecos menores de cinco años sufre desnutrición crónica, la cual puede afectar permanentemente a su capacidad de aprendizaje y el desarrollo físico. Esta tasa de desnutrición está entre las cinco más altas del mundo. Más del 90% de las fuentes de agua dulce del país están contaminadas y nos son aptas para el consumo humano, lo que hace subir la mortalidad infantil, y el 5% de la población guatemalteca controla el 80% de las tierras cultivables.
Cuando los agricultores no pueden mantener a sus familias con sus cultivos, normalmente deben elegir entre trabajar en las plantaciones o migrar a zonas urbanas inseguras o la peligrosa migración a los Estados Unidos.
El salario por trabajar en una plantación normalmente está entre Q60 y Q85 por día. Con Q85 debes trabajar 32 días al mes para obtener el salario mínimo mensual de Q2,747. Datos del gobierno establecen el costo de la canasta básica alimentaria para una familia de cinco miembros en Q3,688 por mes. Si añadimos otras necesidades básicas como alojamiento, ropa y educación para completar la canasta básica vital, el costo aumenta a Q6,694.
Mientras tanto, casi todos los guatemaltecos involucrados en resistencias organizadas contra minas, hidroeléctricas o plantaciones conocen a alguien encarcelado o asesinado por su activismo. Activismo que comienza a menudo con la organización de consultas comunitarias. Durante la negociación del fin del conflicto armado, que durante 36 años acabó con la vida de 250,000 personas y abarcó un genocidio de pueblos maya, el gobierno guatemalteco ratificó en 1996 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Este convenio requiere al estado que obtenga consentimiento libre, previa e informado de las comunidades indígenas sobre los proyectos mineros o hidroeléctricos que los afecten directamente antes de que estos proyectos sean aprobados. Desde 2005, comunidades por todo Guatemala han organizado más de 80 consultas locales y regionales sobre diferentes proyectos, y la gran mayoría de ellos han sido rechazados por márgenes enormes.
En comunidades por todo el país, los votantes hablan siempre de lo mismo: que ellos no creen las promesas de propietarios y autoridades sobre cómo las hidroeléctricas, minas y plantaciones generarán electricidad, capital y bienes que serán repartidos equitativamente; que votan para ejercer su derecho a decidir que es desarrollo o no; y que este derecho les ha sido constantemente negado trayendo consecuencias desastrosas. Cuando el gobierno y estos propietarios ofrecen la construcción de escuelas o electricidad ellos preguntan ¿para qué queremos escuelas donde no podremos seguir viviendo?
En el departamento de Huehuetenango, una consulta comunitaria en 2007 recogió 46,481 votos. 46,472 eran en contra de las actividades mineras e hidroeléctricas en el área. A pesar de ello, las autoridades siguieron otorgando permisos de explotación. En 2012, Andrés Francisco Miguel, un comunitario en contra de las hidroeléctricas, fue disparado y asesinado por, según el testimonio de comunitarios, un empleado de la seguridad de una represa. En 2013, Daniel Pedro Mateo, otro miembro maya Q’anjob’al de la resistencia contra la minería, fue secuestrado y encontrado muerto doce días después.
Manifestación en Quetzaltenango por los opositores de minas y represas encarcelados de Huehuetenango, abril 2015. Foto por Patricia Macías
Al otro lado del país, cinco líderes locales de San Rafael las Flores en el departamento de Santa Rosa que protestaban contra una mina de plata de la empresa canadiense Tahoe Resources, fueron arrestados en 2011 con cargos que fueron mas tarde retirados. En 2012, 10,375 personas votaron en una consulta sobre esta mina de plata. El 98.1% votó en contra.
En marzo de 2013, Exaltación Marcos Ucelo, un líder comunitario Xinca y opositor de la mina fue secuestrado junto a otras tres personas y encontrado más tarde golpeado hasta la muerte. En abril de 2014, otro opositor, Telésforo Odilio Piyaral Gónzalez, fue asesinado. En el mismo mes, Alex Reynoso, otro líder y opositor de la mina, fue disparado. Su hija de 16 años, Topacio Reynoso, fue asesinada en el ataque. En octubre de 2015, Reynoso fue disparado de nuevo junto a otros dos compañeros.
En septiembre de 2015, Rigoberto Lima Choc, un líder del movimiento contra la empresa de palma Africana que provocó el desastre en el río La Pasión, fue asesinado en Petén. El mes pasado, Walter Manfredo Méndez Barrios, miembro del grupo Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOR), fue emboscado y asesinado.
Manifestantes descansan entre Coatepeque y Retalhuleu, abril 2016. Foto por Patricia Macías
Muchos en la marcha por el agua visten trajes mayas tradicionales y hablan lenguas indígenas. Muchos ven la marcha como otro paso adelante en una lucha que dura ya 500 años.
Rigoberto Juárez, maya Q’anjob’al de Huehuetenango, encarcelado sin juicio por más de un año, se ha referido a las minas, hidroeléctricas y monocultivos que plagan Guatemala como ‘la cuarta invasión’. La primera invasión fue la colonización española. La segunda la liberación económica del siglo XIX que dio lugar a la economía de plantación.
La tercera fue la violencia de las dictaduras militares durante el siglo XX que terminó con las campañas de tierra arrasada contra comunidades indígenas en los años 80. Durante los 70 y 80, los militares realizaron desplazamientos forzosos y violentos por el norte del país – rico en recursos minerales e hídricos – que acabó con enormes pedazos de tierra en manos de altos oficiales y familias poderosas. En 1982, cuatro masacres de comunidades maya Achí en Río Negro en el departamento de Quiché acabaron con la vida de más de 400 mujeres, niños y hombres. La construcción de la enorme hidroeléctrica Chixoy comenzó poco después en la zona alta del río, a lo que las comunidades masacradas se oponían.
La cuarta invasión, dice Juarez, está sucediendo ahora. La continua expropiación de tierra indígena y agua por parte de las transnacionales, apoyadas por los de siempre, las familias más poderosas del país.
Miles de personas caminaron cientos de kilómetros por su derecho a elegir cómo vivir. Fue una manifestación moderna de una resistencia ancestral que sigue en lucha.
