La Relatora Especial de la ONU y los cuatro asesinatos de defensores indígenas en mayo
La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas visitó Guatemala en mayo, 2018. Durante ese mismo mes, asesinaron a cuatro defensores indígenas de derechos humanos. Las conclusiones de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz explican la situación que llevó a estos asesinatos:
un Estado que favorece a los más ricos, a los terratenientes y a las empresas transnacionales;
un Estado que condena a los campesinos y las comunidades indígenas a la pobreza, la desnutrición y el despojo;
y un Estado que en vez de investigar los asesinatos de líderes comunitarios abusa del sistema de justicia para criminalizar a los defensores de los derechos fundamentales.
Tres de los defensores asesinados eran del municipio de Cobán, líderes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una organización que lucha por frenar los desalojos de comunidades rurales, por el acceso a la tierra, por los derechos laborales y los derechos humanos.
José Xol Can, autoridad ancestral de la comunidad Choctun Basilá y miembro de la junta directiva del CCDA, fue asesinado a balazos el 10 de mayo. Tres días más tarde, Mateo Chamán Paau fue asesinado a balazos en otra comunidad. Trabajaban en contra de los desalojos forzados de comunidades campesinas de sus tierras ancestrales. Ramón Choc Sacrab, otro dirigente del CCDA y autoridad indígena de su comunidad, había denunciado las amenazas de muerte que recibía. El estado resolvió brindarle medidas de seguridad, pero esas medidas nunca llegaron. El 30 de mayo, Choc Sacrab participó en una marcha pacífica en la ciudad de Cobán para pedir justicia tras la muerte de sus compañeros. El mismo día, fue degollado con arma blanca.
(En junio, 2016, Diego Choc Pop, también dirigente del CCDA, fue asesinado. Su caso aún se encuentra en la impunidad.)
El cuarto defensor indígena asesinado es Luis Arturo Marroquín, dirigente Xinca del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). CODECA lucha por precios justos de la energía eléctrica, y por la nacionalización de la distribución de la energía. Ahora, los altos cobros a los campesinos facturados por Energuate enriquecen a la empresa estadounidense I Squared Capital, los dueños de Energuate.
Video: Luis Marroquín – Perfil de 60 segundos.
CODECA también lucha por un proceso constituyente popular para fundar un Estado Plurinacional que garantice acceso a la energía eléctrica, la tierra, el agua y otros derechos fundamentales.
Hace cinco años, empezó a dar capacitaciones sobre empoderamiento comunitario en Jalapa, su departamento. En estos cinco años, más de 100 comunidades de Jalapa se unieron a la lucha de CODECA.
CODECA responsabilizó al Presidente Jimmy Morales por el asesinato, que tuvo lugar apenas una semana después de que el Presidente Morales diera un discurso en el que atacó a CODECA y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Hablaba a manifestantes del mercado central de la Ciudad de Guatemala, que estaban supuestamente protestando por los bloqueos de las carreteras que CODECA realiza para llamar atención sobre sus peticiones. Pero incluso el periódico centrista Prensa Libre reportó que varios “manifestantes” ni sabían porqué se les había dado la orden de dejar sus ventas e ir a manifestarse y que lo hicieron bajo presiones.
Ante esta manifestación preparada, Morales responsabilizó a CODECA por la muerte de un niño con cáncer que falleció en una ambulancia camino al hospital mientras CODECA tapaba las carreteras. También arremetió contra la PDH por respaldar a organizaciones como CODECA. Dijo, “Hay alguien que debiera estar procurando por los derechos humanos del país, y cuando un niño se murió por una cola por una manifestación de Codeca dijo: me preocupan más otras cosas. ¿Cómo, a un PDH se le ocurre que algo como la vida de un niño no sea más grande e importante?”
Video: El asesinato de Luis Marroquín. Conozca el trabajo de Luis en más profundidad, desde la perspectiva de sus compañeros.
El rol del Estado guatemalteco en fomentar la violencia y mantener las pésimas condiciones sociales fue un tema principal en los comentarios que realizó la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, sobre su visita a Guatemala.
En septiembre, va a publicar su informe oficial, pero en su reciente declaración final y en una entrevista con The New York Times, Tauli-Corpuz resume sus impresiones sobre la situación en Guatemala y la coyuntura que ha permitido que cuatro defensores indígenas de derechos humanos hayan sido asesinados en solo un mes. (Tauli-Corpuz es del pueblo kankana-ey igorot, de las Filipinas. Fue criminalizada por el gobierno filipino y no ha podido volver a su país.)
En la entrevista con el Times, dijo:
“Los terratenientes son tan poderosos que incluso ignoran o hacen de lado medidas impulsadas desde el poder judicial… No se respeta la tenencia de tierras, entonces muchos se encuentran desplazados por intereses de empresas globales. Es una situación muy preocupante también en términos de la pobreza; la tasa para estas comunidades [indígenas] está entre el 70 y el 90 por ciento.”
Explicó que “no hay una voluntad política para proteger los derechos y reconocer estos derechos de tenencia de las tierras y de sus recursos; la mayoría de las personas en el poder son ladinos y no tienen interés en velar por esos temas… Hay racismo y discriminación estructurales que aún imperan en temas de educación, salud, acceso a justicia. Y el poder está muy concentrado, tanto en términos económicos como políticos…”
Sobre la criminalización del activismo pacífico, que ella conoce de primera mano, dijo:
“Algunos integrantes de estos pueblos son acusados penalmente de robo u otros cargos fabricados solo por encabezar protestas contra proyectos hidroeléctricos en sus tierras o contra la expansión de cultivos de aceite de palma que contaminan sus ríos… hay miles de personas indígenas siendo criminalizadas”
En su “declaración final” habló sobre los mismos temas. Relacionó la corrupción endémica y la impunidad imperante con el racismo estructural:
“En general, he observado un persistente racismo, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas a todos los niveles, que tiene como resultado una situación de segregación racial de facto, dentro de un contexto de institucionalidad débil del Estado, corrupción e impunidad.”
Manifestó que este contexto ha creado para muchas comunidades indígenas “una situación de desprotección total frente a otros intereses… Durante mi visita también me contaron sobre los impactos negativos sobre la salud y la seguridad alimentaria causados por las limitaciones en el acceso a la tierra para el cultivo de cultivos básicos y por el desvío y la contaminación de los ríos por proyectos mineros, hidroeléctricos y monocultivos… Los intentos de las comunidades indígenas de conseguir protección legal de sus derechos territoriales no han progresado, con pocas excepciones, en el sistema judicial.”
Video: La lucha por el agua en Chiquirines, Costa Sur, Guatemala.
Al contrario, el sistema judicial perjudica a los defensores de los derechos fundamentales. Dijo, “En las regiones que visité se me planteó repetidamente como principal preocupación la incidencia del abuso de los procedimientos criminales contra las personas indígenas que defienden sus tierras y recursos.”
Esto, a pesar de que recibió “información sobre la intimidación y amenazas que sufren los dirigentes comunitarios de manera habitual en el contexto de actos en defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales.”
Añadió que muchas familias viven una situación actual que parece pertenecer al pasado lejano. Dijo que unas familias “se encuentran en una situación de mozo colonato. Además, no se elaboran planes de reasentamiento de las comunidades antes de su desalojo, lo que provoca situaciones de emergencia humanitaria y violaciones añadidas de sus derechos humanos. Según la información recibida, varias comunidades recientemente desalojadas fueron también desplazadas hace años durante el conflicto armado interno, y se ven obligadas a experimentar el mismo dolor que en el pasado, que sigue vivo en su memoria colectiva.”
Se pronunció también sobre el crecimiento económico que se está viviendo Guatemala y su fracaso total en procurar el bienestar para la mayoría de los guatemaltecos.
“En los últimos años, la economía nacional ha seguido creciendo, pero los niveles de desigualdad han aumentado… Aproximadamente el 80% de los indígenas viven en la pobreza, mientras que para la población no indígena la tasa es del 46%. Alrededor del 40% de las personas indígenas viven en la pobreza extrema… la mayoría de la población continúe sin acceso a la salud primaria y que Guatemala tiene el segundo nivel más alto de mortalidad materna de América Latina.”
“Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición crónica en América Latina. Las estadísticas indican que el 46,5% de todos los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Sin embargo, las tasas de desnutrición crónica casi duplican a las de los niños no indígenas. Entre los niños indígenas, la tasa es superior al 60%, mientras que para los niños no indígenas la tasa es de solo alrededor del 34%. Estos son para mí indicadores claros de que el Estado no aborda los problemas estructurales, incluida la exclusión y el racismo, que a su vez contribuyen a la desnutrición crónica.”
Estas conclusiones de la Relatora Especial también son “indicadores claros” de que los asesinatos de los cuatro defensores de los derechos fundamentales en mayo, 2018, son producto directo de un sistema político y económico impuesto por el Estado, los más ricos y las empresas transnacionales.
Artículo por: Richard Brown
Foto de portada: Foto de archivo deVictoria Tauli-Corpuz. UN Photo/JC McIlwaine
